La pandemia ha potenciado el uso de plataformas digitales de delivery o que conectan a conductores con pasajeros al ser una oportunidad para generar ingresos ante la falta de empleo formal. Pero también trae complejos problemas.
Un estudio de febrero de este año de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consultó a 10 000 trabajadores de plataformas en 100 países, señala que la mayoría de los conductores y repartidores trabaja largas e intensas jornadas: los primeros un promedio de 65 horas semanales y los segundos, 59. En el país, una persona que tiene un empleo formal trabaja 40 horas en la semana.
La falta de oportunidades de empleo, la flexibilidad laboral y la posibilidad de obtener ingresos son las principales motivaciones para trabajar en las aplicaciones. De hecho, la inmensa mayoría de personas dijo que ese trabajo era su principal fuente de ingresos, según OIT.
Pese a eso, señalaron que estaban dispuestos a trabajar más horas para poder cubrir las necesidades de sus hogares.
Los trabajadores de esta actividad no tienen un contrato de relación laboral, sino que son considerados “independientes”. En consecuencia, no tienen acceso a la seguridad social o derechos laborales que sí asisten a los empleados regulares como vacaciones, utilidades, jubilación, tiempos de descanso,etc.
Los países han adoptado diversas estrategias para regular estos aspectos, aunque con enfoques dispares. Por ejemplo, Francia exige que las ‘apps’ asuman el costo del seguro de accidente de los trabajadores por cuenta propia. En España salió la ‘Ley Rider’, un fallo que dictamina que los repartidores de tres ‘apps’ de ‘delivery’ deberán ser contratados y contar con seguridad social.
Ecuador registra pocos avances en la discusión. En septiembre pasado aplicó IVA a las plataformas que es pagado por los usuarios, pero dejó fuera del régimen impositivo a las plataformas.
En cuanto a trabajo, el país no cuenta con una norma que indique la clasificación laboral de estas personas.
El único proyecto de Ley que existe, por ahora, apunta a regularizar la operación de las plataformas de transporte. Se trata de un artículo único contenido en la Ley de Tránsito, aprobada en este mes por la Asamblea y que espera las observaciones del Ejecutivo.
Si bien reconoce el rol que tienen las plataformas para optimizar el transporte, dispone que estas ‘apps’ no puedan aplicarse al transporte particular como hoy ocurre, lo cual podría suponer un bloqueo para su operación. Y, se restringe su operación a empresas constituidas en el país. Los taxistas interpretan el artículo como una victoria. Los asambleístas defienden que la intención no es bloquear la operación, sino que cumplan requisitos como tener licencia profesional y otros aspectos que serán regulados por los gobiernos locales.
Pero, la discusión es más compleja y requiere integrar otros elementos fundamentales; por ejemplo, cómo hallar un equilibrio entre asegurar un desarrollo de la economía digital sin descuidar la protección social, salarial y laboral de los trabajadores.