La destitución de Martín Vizcarra llegó. Aunque dos meses más tarde del primer intento, esta vez se juntaron los votos en el Congreso. Rápido.
Puede parecer curioso pero miles de jóvenes se volcaron a las calles a raíz de la defenestración de Vizcarra.
Muchos analistas coinciden que no es un producto de su popularidad la que los manda a las calles sino la acumulación de rabia y angustias represadas.
La pandemia, la falta de trabajo, las pocas oportunidades de jóvenes sobre preparados que no ven futuro. La ira contenida.
Más allá del tema y la temperatura de la revuelta sin norte ni líderes visibles hay aspectos sobre los que vale reflexionar.
Un tema: la comunidad internacional debe estar vigilante que se cumplan los procesos de elecciones en los plazos previstos.
Manuel Merino, al asumir, lo ratificó. Human Rights Watch aboga desde Washington por preservar el estado de derecho.
No puede ni debe repetirse la dilatoria como sucedió en Bolivia luego de la caída de Evo Morales.
Lo curioso de la destitución de Vizcarra es que la ejecuta un Congreso cuya elección fue fruto del cese del anterior y elecciones parlamentarias anticipadas que el propio Vizcarra promovió y ejecutó.
Perú debe recuperar su camino de institucionalización. Hay que evitar que se profundice la brecha social. Un país con abundantes recursos mineros y una inequidad que clama. Grandes fortunas y millones de pobres.
Tras el golpe de Estado de Fujimori en los años 90 la democracia se iba consolidando. El flujo inmundo de la corrupción reveló una trama de abusos imperdonable. Salvo Valentín Paniagua los demás mandatarios fueron cooptados por la gigante multinacional de la construcción. Hay expresidentes enjuiciados y hasta Alan García se suicidó. PPK y Vizcarra, decapitados. Perú debe buscar una elección limpia sin volver al populismo que tanto daño hace y procurar crecer con libertad y justicia social. El pueblo tiene la voz y el voto.