Sofía Almeida, integrante del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) anunció que presentará una denuncia penal en contra de Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, después de que fueron destituidos del organismo por la Asamblea.
“Estoy preparando una denuncia penal en contra de ellos por esta serie de difamaciones que se han presentado no solo en la Asamblea Nacional, sino que durante meses se han dicho para poder justificar la toma del Consejo de Participación Ciudadana”, dijo a EL COMERCIO.
Su reacción se dio después de que el pasado viernes 18 de noviembre del 2022, al defenderse del juicio político que terminó con su censura y destitución en la Asamblea, Ulloa denunciara actos de corrupción y sobreprecios en contratos de comunicación cuando Almeida ocupaba la presidencia del Cpccs.
“Yo tuve, gracia a Dios, la oportunidad del 10 de febrero en la madrugada botar a todo este nido de ratas y sinverguenzas que era el alto jerárquico superior del Consejo de Participación Ciudadana, y hoy es un Consejo diferente”, dijo.
Contratos
Ulloa mencionó que se habían destinado USD 75 000 para lógistica de cada concurso que realiza el organismo para la designación de autoridades, pero que ese rubro bajó a USD 3 000 en su presidencia.
Además, señaló que en cuatro contratos de comunicación se pretendía un gasto de USD 267 000, cuando en su Presidencia USD 257 000 alcanzaron para el doble, es decir, para 8 contratos con un ahorro de USD 10 000 respecto a la anterior administración.
“Yo tengo todos los documentos que desvirtúan las mentiras de Hernán Ulloa. Y por eso voy a entregar a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por estas difamaciones que se han generado”, insistió Almeida.
La consejera responsabilizó a Ulloa de haber impulsado una campaña para dañar la imagen de los consejeros y la institución para paralizar los concursos para designar autoridades como Contralor General del Estado.
Examen de la Contraloría
“Si él (Ulloa) conocía de alguna irregularidad en el uso de los recursos del Consejo, debió haber ido ante la Contraloría y a la Fiscalía cuando él se dio cuenta de estas irregularidades”, apuntó el consejero Juan Xavier Dávalos.
El consejero aseguró que pedirán a la Contraloría General del Estado un examen especial a la administración de Ulloa.
Almeida y Dávalos responsabilizaron a la mayoría del Cpccs que fue destituida por el correísmo, el PSC y sus aliados de haber respondido a los intereses del Gobierno de Guillermo Lasso. Aseguraron que ahora el organismo podrá actuar con independencia.
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