Paúl Jácome, presidente de la mesa 30-S perseguidos, presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue la injerencia del Ejecutivo en los juicios que derivaron de la revuelta policial. Foto: Sara Ortiz / EL COMERCIO
Paúl Jácome, presidente de Mesa de la Verdad y Justicia perseguidos Nunca Más, presentó la mañana de este lunes 5 de agosto del 2019 una denuncia en la Fiscalía para que se investigue la posible injerencia del Ejecutivo en los casos derivados de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.
“Casos judiciales se resolvían en el despacho de la Presidencia de la República y en las oficinas donde agentes externos a la justicia ejercen presión hacia jueces y fiscales”, dijo Jácome.
Esta denuncia se presenta después de que se revelaran las comunicaciones de las procesadas del caso Sobornos, Pamela Martínez y Laura Terán, sobre seguimientos y presión a los operadores de justicia para que fallaran a favor del Gobierno.
Jácome también solicitó a la Fiscalía una copia de los correos de las sospechosas y que constan dentro del expediente Sobornos para incluirlos en la investigación y para sustentar una segunda denuncia. Esta vez dentro del Consejo de la Judicatura, en contra de jueces y fiscales que ser habían prestado para la persecución.
Los excoroneles César Carrión y Rolando Tapia también acudieron a la Fiscalía y presentaron sus denuncias. En el caso de Carrión, se trata del segundo pedido que hace llegar a la Fiscalía por este tema.
Hace dos semanas solicitó se inicie una indagación para determinar una posible malversación de fondos públicos parar campañas políticas a favor de la tesis del Gobierno sobre el 30-S.
Tapia recordó que entre víctimas, heridos, personas fallecidas y policías que fueron dados de baja, existen en el país 17 129 perjudicados por el 30-S.