Gremio de abogados de Pichincha: Veto a la Ley de aborto tiene serias deficiencias

Las organizaciones de mujeres esperan conocer los resultados en la Asamblea Nacional para activar acciones de inconstitucionalidad por la ley de aborto por violación. Foto: archivo / EL COMERCIO.

La objeción presidencial a la Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación carece de consistencia técnica. Así lo sostiene el Colegio de Abogados de Pichincha y su Observatorio de Género y Diversidad.

En un pronunciamiento emitido el 22 de marzo del 2022, el gremio sostiene que el veto del presidente Guillermo Lasso, además, “reinterpreta el fallo de la Corte Constitucional para dejar de lado los altos estándares exigidos por los comités internacionales en materia de Derechos Humanos y por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

En su pronunciamiento, los abogados explican que la sentencia de la Corte reconoce en su numeral 138 que la maternidad forzada en casos de violación anula también el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía reproductiva de las mujeres. Estas son despojadas completamente del control de su sexualidad y reproducción, sostienen.

La objeción presidencial no toma en cuenta la realidad social y económica que vive el país, ni los niveles de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, dice el gremio. En su pronunciamiento sostiene que la Encuesta sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género muestra que el 32,7% de mujeres ha vivido algún tipo de violencia sexual.

También señalan que el Análisis Rápido de Género dice que el 12% de las adolescentes ecuatorianas han estado embarazadas al menos una vez y el 78% de los embarazos adolescentes se registran entre los 10 y 14 años. Además, que el 80% de los casos de violencia sexual a niñas. Niños y adolescentes se dan en el entorno familiar y el 80% de los embarazos adolescentes son consecuencia de abusos sexuales.

‘Deficiencias técnicas y falta de empatía’

El Colegio dice en su pronunciamiento que el veto del presidente “tiene serias deficiencias técnicas y falta de empatía con las víctimas. Por ello solicita a la Asamblea Nacional que tome en cuenta sus criterios jurídicos y se ratifique en el proyecto aprobado en el Pleno.

Solicitar requisitos para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, dice el gremio, es una forma de impedir que se acceda a este derecho. “Decidir sobre un aborto toma tiempo y análisis interno, pues somos sobrevivientes de violencia sexual; peor para las niñas embarazadas, que están asustadas, con miedo a su agresor, a su entorno y que no saben qué es estar embarazada, 12 semanas son insuficientes”, se lee en el pronunciamiento.

Las implicaciones de los requisitos

Los abogados de Pichincha señalan que pretender que los violadores presenten una denuncia o que se cuente con su consentimiento es una crueldad y conlleva a revictimización. Esto, debido a que, en muchos casos, son del entorno familiar o cercano de sus víctimas.

Asimismo, sostienen que establecer como requisito una declaración jurada ante un notario atenta contra el derecho a la intimidad de la víctima. Por lo tanto, explican que constituye una seria afectación a sus derechos humanos y desconoce la realidad económica de las niñas, adolescentes y mujeres del país, que no cuentan con recursos para solventar este tipo de trámites.

Que el médico tenga que emitir un informe sobre si existe o no violación es impropio, pues el único que puede determinar la existencia o no de un delito es la justicia, dice el Colegio de Abogados de Pichincha. “Esa responsabilidad atribuida a los médicos está fuera de la ley”.

Asimismo, los profesionales dicen que permitir la objeción de conciencia afectará de manera directa a mujeres en la ruralidad o zonas periféricas, que son golpeadas por la pobreza, la falta de acceso a la educación y prevención de salud sexual.

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