Han sido 6 años de insultos, ofensas, agresiones verbales y palabras descomedidas hacia los médicos, de parte de la cúpula gubernamental, encabezados por Correa. Empezaron con las renuncias forzadas; continuaron con la duplicación de la jornada laboral y un “generoso” pago que no llegó ni al 30%. Inequitativas compensaciones de jubilación respecto a los empleados públicos protegidos por el Código del Trabajo, quienes, a propósito, sí podían trabajar solamente 6 horas diarias; trajeron médicos cubanos con salarios de 2 500 dólares, mientras el MSP paga a los especialistas que terminaron su posgrado 1 500 dólares, sin importar el lugar de trabajo. Por todo este atropello, pocas voces reclamaron, pero la cereza del pastel estaba cocinándose a fuego lento en la Asamblea, el Código Penal. El proyecto contiene varias perlas, la mayor de ellas la criminalización de la práctica médica si por desgracia fallece el paciente. Como si la muerte tuviera una sola variable: el médico. No importa si los hospitales públicos carecen de lo más elemental, el médico es el culpable, nunca el político. ¿Puede alguien explicarnos cómo cumplir los protocolos internacionales sin medicamentos ni insumos? Tanto fue al cántaro el agua que sobrevino lo inevitable, los médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez hicieron escuchar su protesta, dijeron basta, nos vamos, no podemos trabajar en semejantes condiciones. Preferible perder el trabajo que la libertad. Un ejemplo de dignidad.