La jueza Daniela Camacho (derecha), de la Corte Nacional, está a cargo del caso Sobornos 2012-2016. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional, aclaró que la instrucción fiscal o fase de investigación pública del caso Sobornos se cerrará solo cuando la Fiscalía no tenga pedidos pendientes de investigaciones.
A través de un escrito, Camacho despejó esta duda formulada por los abogados, quienes se quejaron de la decisión de la Fiscalía de cerrar la fase de investigación, pues días atrás dijeron que vulneraba su derecho a “contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa”.
La confusión sobre el tiempo que debía durar la etapa de investigación surgió porque el caso Sobornos se inició el 4 de mayo con la detención de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa; y Laura Terán, exasistente de Presidencia. Desde entonces han transcurrido 500 días, pero el Código Penal dice que la investigación pública tendrá un plazo improrrogable de 120 días.
Camacho explicó que el tiempo de la instrucción corre a partir del 1 de junio, cuando la Fiscalía abrió un expediente en la Corte Nacional en contra de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, antiguos altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
Ese mismo mes, el 19 de junio, se realizó una reformulación de cargos del caso de Mera y Duarte y en esa audiencia se pidió la acumulación de los expedientes. A través de esta fusión, el caso pasó a llamarse Sobornos 2012-2016.
El 7 de agosto se realizó la vinculación de 22 personas, incluido Correa. A partir de entonces, la jueza Camacho fijó el plazo de instrucción fiscal para el 29 de septiembre.
En el caso de Martínez y Terán, la Fiscalía informó el pasado 5 de septiembre que ya no realizaría mas diligencias investigativas en contra de ellas. También pidió que se fijara fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Sobre este último punto, la jueza aclaró que antes de dar paso a ese pedido, los abogados tienen un plazo de 48 horas (que finalizará este 16 de septiembre del 2019) para indicar si existen diligencias de investigación solicitadas por ellos que aún no han sido realizadas y cuáles son.
Además, la jueza llamó la atención a la Fiscalía y le indicó que no puede negarse a recibir las quejas y peticiones presentadas por los abogados. “Los funcionarios públicos como parte del Estado tenemos la obligación de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”, indicó la jueza y ordenó que Fiscalía responda los pedidos.