Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

¿Lucha fallida contra la corrupción?

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Martes 19 de enero 2021

Ofrecieron una cirugía mayor contra la corrupción. Recurrieron a una comisión internacional. En febrero del 2019, seis entidades firmaron un “acuerdo interinstitucional”. Nada camina. Todo se trunca. En estos días se habló de otra mesa similar a la de hace dos años. Su anuncio fue pomposo: “implementar mecanismos de cooperación” entre entidades.

Apenas anunciada esta iniciativa, la Fiscalía y la Corte Nacional confirmaron que no se adhieren. Aclararon que tienen mecanismos propios para combatir los ilícitos.

No hay coordinación; hay confrontación. La Fiscalía cuestiona a los jueces. Dice que solo en el 20% de casos de corrupción se aplica la prisión preventiva. Los magistrados, en cambio, señalan a fiscales por no solicitar esa medida. Piden que se respeten las decisiones adoptadas en su competencia.

La Procuraduría también cuestiona a los jueces y atribuye a su lentitud el no poder recuperar los dineros mal habidos.

La único que responde la Judicatura es que no puede interferir en las decisiones judiciales. Es verdad. Entonces, ¿quién responde al país? ¿Hay algún responsable?

El Estado ecuatoriano apenas tiene en su poder 28 bienes de tres tramas ilegales, pero hay miles y miles de hechos corruptos que han estallado. Desde el 2015 hasta noviembre del 2020, a la Fiscalía ingresaron 6 345 denuncias por cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado y tráfico de influencias, entre otras figuras.

Además, solo en dos casos se ha logrado embargar y recuperar USD 3,9 millones. En el resto aún se rastrean las propiedades o se espera un pronunciamiento judicial para avanzar.

Un exministro, procesado en el caso Odebrecht, ya dejó la cárcel. ¿Pagó los USD 666 666 de reparación al Estado? Parecería que no. Otro, que también fuera condenado por la trama de la empresa brasileña, está libre y ahora se sabe que trabaja para un gobierno seccional. ¿Habrá cancelado los daños económicos ocasionados al país? Que el combate a la corrupción no sea un acto fallido.