El siguiente gobierno tampoco recibirá “la mesa servida”, pero ciertamente el escenario fiscal y económico será distinto al que vivía el país hace cuatro años.
Un aspecto importante es que, al menos, el Ecuador conoce este momento cuánto debe y a quién, luego de que se lograra develar el manto de opacidad que cubría a las cifras y que daba una idea falsa de la realidad.
A julio de este año, estas obligaciones ascienden a USD 59 258 millones, lo cual representa 61,40% del Producto Interno Bruto. Los desafíos son enormes, pues la norma técnica señala que el endeudamiento, sea que se hable de un país o de una familia, no debe pesar más del 40% de su economía.
En el 2021, además, la caja fiscal ganará algo de oxígeno si se logra cerrar, hasta el 1 de septiembre próximo, la reestructuración de una parte de la deuda externa, específicamente, aquella relacionada con los bonos en manos de acreedores privados.
Si el proceso tiene éxito (y todo apunta a que se conseguirá), el siguiente gobierno tendrá cuatro años de alivio en el pago de esta parte de la deuda pública. Gracias a ello, por ejemplo, solo el 2021 se pospondrá la cancelación de USD 1 500 millones.
Si la situación sanitaria mejora y, con ello, las ventas de algunos negocios, la recaudación tributaria y los ingresos fiscales podrían crecer el siguiente año.
Pero cuidado con los falsos espejismos. El país sigue endeudado, con un enorme déficit fiscal y falta de fuentes de financiamiento barato. No se ha logrado incrementar los ingresos ni bajar los gastos en la medida que se buscaba. Hay atrasos que se heredarán y también problemas como la falta de liquidez en la Seguridad Social, tema en extremo sensible.
Si el nuevo gobierno decide cerrar las puertas con el FMI, la única fuente de financiamiento barato que queda y con el cual hoy se busca un acuerdo, la crisis se agudizará. Por tanto, la situación económica del siguiente gobierno no solo depende de las condiciones que herede sino de sus propias decisiones.