La oferta era que la planta de producción de derivados más grande del Ecuador, la refinería Esmeraldas, vuelva a operar al 100%. Es decir, que el complejo procesara 110 000 barriles de petróleo por día, pero no se cumplió.
La intervención duró nueve años y costó USD 2 230 millones, pese a que su presupuesto inicial fue 754 millones. El 99% de la inversión se contrató “a dedo”.
La planta repotenciada se inauguró en diciembre del 2015. Pero, desde entonces, nunca funcionó al 100%. El año pasado, por ejemplo, la refinería operó solo al 79% de su capacidad debido a fallas incluso en áreas contempladas en la repotenciación.
El despilfarro y mal uso de esos recursos es una factura que se paga hasta ahora.
Por ejemplo, pese a que se invirtieron 189,6 millones en el sistema eléctrico, el complejo aún depende del sistema nacional interconectado y está expuesto a eventuales cortes como el ocurrido el 9 de abril pasado que generó daños importantes que sacaron de funcionamiento a la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC, por sus siglas en inglés), que es el corazón de la planta. Las millonarias inversiones del gobierno anterior tampoco mejoraron la calidad de los combustibles ni redujeron las emisiones contaminantes.
La Prefectura de Esmeraldas ha estimado que las obras adicionales que requiere la planta para su óptima operación y repotenciación costarán unos USD 2 000 millones adicionales. El Gobierno no cuenta con esos recursos.
Aunque las autoridades llegaron incluso a analizar el cierre de la planta, finalmente decidieron repotenciarla, pero ahora con la ayuda de un actor privado que compartirá la gestión del complejo con Petroecuador.
Garantizar la transparencia de este nuevo proceso es importante para no repetir los errores de pasado. También queda por definir y aclarar cómo quedará este nueva decisión en medio del proceso de fusión entre las empresas estatales Petroecuador y Petroamazonas, que este momento está en marcha.