Economía de a pie

Los datos no dice nada por sí solos. Deben convertirse en información.

Un ajuste desigual

Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. O, al menos, así parece. La famosa sentencia escrita por George Orwell en 1945 en su libro Rebelión en la Granja parece adaptarse a la realidad del Ecuador en lo que se refiere al ajuste por la crisis.

El Gobierno anunció una reducción del gasto en salarios de la burocracia por USD 980 millones en este año, pero conseguir la meta será difícil porque buena parte del monto depende de la voluntad de las entidades que no conforman la Función Ejecutiva o que son autónomas en sus decisiones.

Hasta marzo del 2020, la Función Ejecutiva estaba compuesta por 122 entidades; entre ellas, ministerios, secretarías, direcciones, agencias. Para ellas, se dispuso la terminación de una parte de los contratos ocasionales y la reducción de la jornada en dos horas, lo cual suena coherente en momentos en que la pandemia ha paralizado algunas actividades estatales. La medida exceptúa de forma correcta a médicos, policías y militares. Pero las entidades de otras funciones del Estado que también debieran hacer este esfuerzo guardan silencio.

El Ejecutivo hizo un “exhorto” a esas entidades para que reduzcan el gasto en un 10 y 15%. Entre ellas están Asamblea, Fiscalía, Contraloría, cortes y juzgados, universidades, municipios, prefecturas y otras instituciones, la cuales gozan de asignaciones presupuestarias, pero también de autonomía para el manejo de esos recursos, lo que ha provocado que existan funcionarios con sueldos por encima de la media del Gobierno o de la remuneración del Presidente. Otro ejemplo se halla en las universidades donde el personal administrativo (no maestros sino secretarias, tesoreros o conserjes) percibe en promedio USD 1 262 al mes, cuando el promedio en el Gobierno es de 660, según datos de Finanzas.

La rebaja del salario por reducción de la jornada en el Ejecutivo tampoco es equitativa. La disminución debía ser del 25% como se dio en empresas privadas, pero será del 16,6%. El ajuste es necesario, pero debe ser equitativo.