El costo de los malos manejos y de la falta de responsabilidad en la gestión empresarial estatal durante la última década es millonario y vergonzoso. En una comparecencia efectuada la semana pasada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) presentó algunos ejemplos que explican las pérdidas en las 11 empresas públicas que hoy están en liquidación.
Así, en Ferrocarriles se contrató a una empresa para que instale durmientes a lo largo de la línea férrea por USD 10,5 millones. Aunque esa obra no sirve, el Estado no ha podido ejecutar la garantía. El proceso está judicializado. En Medios Públicos se adquirió una rotativa por USD 18 millones. Ese equipo sobredimensionado no genera utilidades. Correos del Ecuador compró maquinas clasificadoras por USD 9 millones, que hasta ahora no pueden operar. Esta infraestructura es tan grande que aún cuando todos los actores postales del país se unieran no usarían ni 15% de la capacidad.
Siembra expropió hectáreas por USD 40 millones, que no han sido recuperados con los proyectos que se ofrecieron. Otro ejemplo más es Tame. Esta aerolínea quiso volar en cielos internacionales y abrió rutas a otros países, pese a que no todas eran rentables, lo cual le ha dejado millonarias pérdidas en los últimos años y un aumento en el gasto operativo. Los empleados de esta firma pasaron de 998 en 2015 a 1 613 en 2016, según Emco; es decir, 615 más en solo un año.
Acompañado de los altos precios del petróleo, se creó el espejismo del Estado empresario, pero cuando la coyuntura económica cambió se evidenciaron los problemas del modelo. Once firmas estatales entraron a liquidación hasta el 19 de mayo del 2020.
Las autoridades están en la obligación de transparentar el proceso para evitar que el cierre sea una puerta para que los malos manejos queden en la impunidad. Otro desafío es garantizar la entrega de los servicios sociales que algunas de esas empresas prestaban.