El Consejo Directivo, máximo organismo de regulación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), enfrenta este mes la responsabilidad de tomar decisiones para aliviar los problemas de iliquidez de la entidad, pero hasta ahora solo muestra improvisación.
La pandemia agravó la situación financiera del IESS, que ya venía golpeada por el manejo político que ha sufrido por parte de los gobiernos de turno. En el pasado, decisiones sin base técnica provocaron que el Seguro entregue beneficios a la población sin financiamiento. Una de ellas fue el pago de los décimos a los pensionistas.
A finales del año pasado, la Corte Constitucional emitió un fallo para corregir ese problema y marcó la ruta a seguir: hacer un estudio actuarial y definir el mecanismo de financiamiento que será asumido por los afiliados activos. El plazo para tomar la decisión vence en este mes.
El estudio actuarial, según han dicho las autoridades, está listo. Una de las salidas, informaron, era gravar los décimos de los afiliados, sin considerar que la Ley prohíbe retener dineros de estos bonos. Otra opción del estudio es subir los aportes de los asegurados, a través de una tasa fija o progresiva.
Ahora se habla de reducir y optimizar gastos por USD 424 millones en este año en todas las áreas para pasarlos a pensiones y hasta se dijo que esto será suficiente para cubrir los primeros años del beneficio y no tocar los bolsillos de los asegurados.
El plan suena irreal. El IESS necesitará este año USD 1 500 millones para cubrir este beneficio y las pensiones mismas porque el Estado no ha pagado su aporte y los ingresos han caído. Hasta ahora ha tomado los ahorros de los afiliados para cubrir las jubilaciones. Y es urgente revisar el art. 49 de la Ley de Seguridad Social, el cual prohíbe mezclar los recursos de los fondos para fines distintos a los que fueron creados. No se puede optimizar en salud para gastar en pensiones. El momento que vive el IESS es crítico, requiere salidas técnicas, enmarcadas en la Ley y no globos de ensayo.