La situación económica que heredará el siguiente Gobierno pinta complicada e incierta. Si bien la actual renegociación con los acreedores de bonos permitirá generar alivios en los pagos del servicio de la deuda, el déficit fiscal será alto, con atrasos acumulados y una lenta recuperación económica.
El Fisco está pagando con un mes de atraso los salarios de una parte de los funcionarios públicos. Además, acumula deudas con proveedores, el Seguro Social y los gobiernos locales, los cuales sumaron USD 3 199 millones hasta junio. Esto pese a la moratoria en el pago de intereses de este año y a la reducción del gasto público. En total, el déficit podría llegar a USD 6 000 millones este año. Resta ver en cuánto puede ayudar a cerrar esa brecha el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se espera concretar hasta agosto.
Ese organismo proyecta necesidades de financiamiento de entre USD 8 000 y 10 000 millones al año hasta el 2025 para equilibrar las cuentas fiscales de Ecuador.
El país no puede seguir cubriendo esos montos tan altos únicamente con deuda si se busca resolver la situación fiscal. Serán necesarias medidas que apunten a incrementar los ingresos (es decir, tributos), un plan de ajuste al gasto o una combinación de ambos. La falta de liquidez en el Seguro Social para pagar las pensiones también es otro gran frente que se deberá atender.
La gran pregunta que deben responder los candidatos a la Presidencia es cómo harán frente a esos problemas: ¿seguirán aplicando una fórmula de deuda que no ha ayudado al país o enfrentarán el déficit fiscal sabiendo que la invitación al sacrificio no da votos?
El futuro del país no solo está en ellos. La situación actual exige responsabilidad de parte de la ciudadanía, que debe exigir planes económicos realistas, combate a la corrupción y presión para que no se malgasten los recursos. La ciudadanía debe ser responsable y no caer en falsos espejismos o promesas que no se van a cumplir porque simplemente no hay plata.