COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.
Dimitri Barreto P.
Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

La factura del ‘populismo penal’

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Jueves 25 de febrero 2021

El Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador ha pedido al Estado una investigación “pronta e imparcial” por la masacre de al menos 79 prisioneros el 23 de febrero del 2021 y que asuma la “gestión de la crisis” carcelaria.

¿La ONU? Sí. Y no; no es un mensaje vacío. En julio de 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Ecuador “prevenir y poner fin a la violencia” en cárceles; asegurar que los incidentes graves entre reclusos, como “muertes, sean investigados” (entonces, 16 desde 2014), y “eliminar el hacinamiento”.

¿Cárceles modelo? En enero de 2017 el Comité contra la Tortura de la ONU solicitó al Estado (régimen de Rafael Correa) “aliviar el hacinamiento en los centros de reclusión”, “asegurar la asignación de recursos para atención médica”, “velar por que los reclusos estén autorizados a comunicarse con familiares”, “seguridad”.

El referéndum del 2011 borró la garantía constitucional que impedía confinar en la cárcel a una persona que ya había cumplido seis meses (delito menor) o un año en prisión ‘sin recibir sentencia’: miles enjaulados sin que se prueben responsabilidades. Claro, castigar es menos engorroso que formar a fiscales y jueces para cumplir plazos procesales (dar herramientas) o que invertir en una política pública integral de seguridad.

El efecto fue directo: Ecuador pasó de tener 13 000 presos en 2011 (había 24 mil en 2013) a 39 251 en 2020, un hacinamiento del 33%. ¿Hacinamiento? Sí, la capacidad instalada del sistema de rehabilitación es de 29 463 prisioneros.

¿Presos sin sentencia? Sí, cerca del 40% de la población privada de libertad no tiene condena ejecutoriada, en un país donde la presunción de inocencia ‘solo’ existe en la Constitución. ¿Rehabilitación? Depósitos en los que se encierra a seres humanos en condiciones precarias.

Sí, el Estado es responsable. ¿Qué no hay que negar las mafias? Señores, las prisiones son el eslabón final de una sociedad con problemas estructurales e inequidad, agravados por la pandemia. Hasta el 15 de julio del 2021 Ecuador deberá explicarle al Comité de DD.HH. de la ONU qué hizo con las recomendaciones del 2016. Que el nuevo Presidente visualice la costosa factura del ‘populismo penal’ será un paso.

La ONU “expresa su solidaridad con las familias de las personas privadas de la libertad fallecidas”. ¿Solidaridad? Sí, son seres humanos.