COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.
Dimitri Barreto P.
Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

Antorchas de mujeres

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Jueves 01 de octubre 2020

Las mujeres han salido a las calles de Ecuador, y han pintado grafitis, levantado pancartas y encendido antorchas, por la miopía de sectores que se afanan por negar una realidad: el aborto en Ecuador existe y el Estado lo aborda con violencia y exclusión.

¿Aborto? Sí. 25 327 emergencias por aborto fueron registradas en 2019 en Ecuador (28 096 en el 2018, otras 30 331 en el 2017) y las urgencias no van a esfumarse con el proyecto de Código Orgánico de Salud en una gaveta (el Presidente ha vetado el COS en su totalidad), como tampoco desaparecerá su significación violenta para las mujeres que no tienen condiciones económicas para practicarlo de “forma segura”, en el sigilo de la familia o en países que no mandan a la cárcel a mujeres por elegir.

¿Significación violenta? La adolescente de 16 años ingresó en estado de shock con un aborto en curso a un hospital gratuito de Quito y detrás de ella llegaron fiscal y policías con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en la mano. Una vida en riesgo, pero agentes fueron alertados, exigieron el parte médico con la causa, montaron custodia.

¿Alertados? Según la Ley de Salud, los hospitales no pueden negar atención de salud por abortos en curso, siempre que estén “debidamente diagnosticados por el profesional responsable de la atención”.Es decir, parte médico, salvavidas del personal de salud. ¿Salvavidas? El COIP castiga con hasta 16 años de cárcel a doctores que practican abortos y con 2 años a mujeres que lo consienten, salvo dos excepciones: si la madre corre riesgo o si el embarazo es resultado de la violación a una “mujer que padezca de discapacidad mental”.

¿Qué planteaba el COS? La norma vetada no despenalizaba el aborto, pero sobreponía la atención en salud y protegía, de forma explícita, la privacidad del paciente. Señores, el aborto es un problema de salud pública. Y seguirá clandestino. 228 mujeres murieron por emergencias obstétricas en 2019 (221 en 2018, otras 211 en 2017). Sí, y las mujeres han pintado grafitis y encendido antorchas en Quito.