A cinco años del terremoto, hay familias de la parroquia Crucita que aún esperan que les reconstruyan sus casas

Diego pallero

Diego pallero

En el 2020, la Contraloría General del Estado emitió un informe que determinó que en Manabí 1 543 viviendas no se terminaron de construir. Foto: Diego Pallero / El Comercio

La manabita Mercedes Chávez perdió su vivienda hace cinco años en el terremoto del 16 de abril del 2016. Durante los primeros cuatro años vivió en una carpa, elaborada con plásticos y lonas, hasta que unos familiares le ayudaron a construir cuatro paredes de bloque.

Esa pequeña infraestructura no tiene puertas, baño ni cocina. Con una sábana, Chávez dividió su dormitorio de la sala y en un rincón improvisaron una mesa con una estufa de una hornilla. El piso es de tierra y no cuenta con agua. “Mis vecinas me prestan su baño cuando necesitamos”.

A ella y a nueve familias más del sector San Marcos, en la parroquia rural Crucita de Portoviejo, les prometieron reconstruir sus viviendas. En el 2017, un grupo de ingenieros y obreros llegó a este poblado. Instalaron los pilares de dos casas y colocaron montañas de tierra en los terrenos donde construirían las casas.

Mercedes Chávez en los exteriores de su vivienda. Foto: Diego Pallero / El Comercio

Chávez recuerda que cuando vio a la maquinaria apilar la tierra al frente de la carpa donde pernoctaba se arrodilló y agradeció. “Fue una gran emoción. Llamé a mi familia y les dije que tendría nuevamente una casita”.

Luego de ese día, los obreros nunca más aparecieron. Los moradores fueron hasta la oficina del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y les dijeron que revisarían los casos. En 2018 hicieron una marcha pacífica, pero no tuvieron resultados.

En el 2019, Chavéz perdió la esperanza de que le reconstruyeran su vivienda. “Somos muy pobres y en esa época no teníamos ni para reemplazar el plástico que ya tenía huecos. Toda mi familia hizo ‘vaca’ para comprar bloques y de a poco hicimos las paredes”.

En el 2020, la Contraloría General del Estado emitió un informe que determinó que en Manabí 1 543 viviendas no se terminaron de construir por el incumplimiento de 62 contratistas, a quienes se les entregó un anticipo de entre el 50% y el 70% de la inversión total, que suman USD 11 709 974.

Dayana Anchundia da de comer a sus aves. Foto: Diego Pallero / El Comercio

Dayana Anchundia, de 23 años, también perdió la casa en San Marcos, donde vivía con su esposo y sus dos hijos. Una fundación extranjera le construyó una casa de madera. Pero con los años la madera ha cedido y el agua de la lluvia se filtra por los agujeros. “He gestionado que nos construyan la casa, pero ya perdí la esperanza de que lo hagan”.

En invierno, la estructura de su casa se debilitó más. Así que tuvo que mudarse a la casa de su madre hasta que pueda reparar su vivienda. En Crucita, hay 300 familias que no pudieron habitar las casas porque los contratistas no las terminaron, quedaron mal construidas o como el caso de Chávez solo dejaron el material en el terreno vacío.

En el 2020, el Miduvi inició un proceso de coactiva contra los constructores. En esta primera fase se realizó una convocatoria a los perjudicados para que actualicen la información registrada en esa cartera de Estado.

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