8 980 privados de libertad cumplen condenas en la Penitenciaría del Litoral, un gigantesco complejo carcelario ubicado junto a la vía Guayaquil-Daule. En la foto, tres mujeres que son familiares de los prisioneros. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Había pasado un mes desde la última visita y casi no lo reconocía. Se quejaba y no podía levantarse de la escuálida colchoneta que le da alivio y que comparte con otros privados de libertad en una de las celdas del pabellón 9, en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.
“Él llora, ya no aguanta. El dolor ni siquiera lo deja sentar. Quiero que mi hijo salga vivo, no quiero que me lo entreguen en una caja”.
El hijo de Angélica fue sentenciado a dos años y medio. Ha cumplido siete meses de condena, pero junio llegó con un severo quebranto en su salud. Las fotos que guarda en una carpeta arrugada evidencian su deterioro: las costillas sobresalen en el pecho del joven de 20 años, de brazos esqueléticos y ojeras que tiñen su rostro.
“Dicen que es tuberculosis, pero no tiene un diagnóstico. Esa enfermedad lo ha consumido rápido. Pregunté qué tengo que hacer para sacarlo a un hospital, para que le hagan exámenes, y me dijeron que debo esperar porque ni siquiera hay ambulancias”.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones. Es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y se transmite por las gotículas generadas al toser. El hacinamiento facilita su propagación.
8 980 privados de libertad cumplen condenas en la Penitenciaría del Litoral, un gigantesco complejo carcelario ubicado junto a la vía Guayaquil-Daule. Tiene 13 pabellones, cada uno con capacidad para 500 personas; algunos pasan de 800.
Cronología sobre denuncias y hechos violentos en el sistema penitenciario durante el 2019
La celda donde padece el hijo de Angélica es de cuatro por seis metros. Suele albergar a siete privados de libertad o más, como muestra en algunas fotografías. Él no es el único enfermo. “Con el estado de excepción pasan todo el día en los pabellones. No los dejan salir a los patios, no les dan todas las comidas y eso ha empeorado su salud”.
El 16 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social de Ecuador. El Decreto Ejecutivo 741 dio un plazo de 60 días para “atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria”.
El sistema carcelario en Ecuador está conformado por 66 centros de privación de libertad y 36 centros de rehabilitación social. Tiene capacidad para 28 500 reclusos, pero actualmente acoge a más de 40 000. Hasta el 17 de junio de 2019 se han reportado 17 crímenes en el país, 14 en las dos cárceles de Guayaquil. Dos motines han ocurrido durante la excepción.
Esas cifras aparecen en los informes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que ha receptado denuncias sobre el inadecuado suministro de alimentos, agua y atención médica.
Para esta entidad la situación es alarmante. Por ello ha recordado al Estado las Observaciones Finales de Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en 2017 recomendó a Ecuador eliminar el hacinamiento, prevenir y poner fin a la violencia.
También reitera el artículo 51 de la Constitución, que reconoce los derechos a la comunicación con sus familias, el acceso a salud integral, la atención a sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales y alimenticias de los privados de libertad.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité, recuerda que hubo programas que no se desarrollaron por completo o que abarcaron solo a pequeños grupos. Entre ellos están las carreras universitarias a distancia, las clases de básica y bachillerato, incluso talleres artesanales que cuentan con espacios que no se utilizaron.
Durante la excepción se suspendieron las actividades y las visitas por casi un mes, una medida que tomó luego de que los violentos crímenes se dispararon. Al interior, como protesta, hubo una huelga de hambre.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
El hijo menor de Carmen no quiere comer. No tiene apetito y su semblante ha desmejorado. Ella cree que también tiene tuberculosis, pero además le preocupa la hinchazón de su mano derecha. “Hubo un altercado en el pabellón y le pegaron con un fierro. Si no les dan atención, al menos nos podrían dejar entrar las medicinas”.
Carmen es fuerte, pero se quebranta al recordar los denigrantes controles por los que solían pasar para ingresar. “Nos quitaban hasta los interiores y nos hacían saltar para ver si no llevábamos algo. ¿Dónde vamos a meter un cuchillo, dónde vamos a meter un arma?”, reclama casi llorando.
Las visitas se retomaron en las últimas semanas y el ajetreo de los custodios volvió a los exteriores de la Penitenciaría. Ellos ofrecen guardar celulares, carteras y artículos de los familiares a cambio de USD 0,50. Otros venden bolsas transparentes en USD 0,25 para que puedan ingresar las vituallas. También alquilan blusas, mallas y zapatos, por si en los controles prohíben el ingreso con prendes de un color en particular.
Juana aguarda en esa acera escabrosa, asediada por un enjambre de moscas que pulula en la basura. Eso no es nada en comparación a lo que ha visto adentro.
Su hijo permanece tras esos muros desde octubre de 2018. Y desde junio, casi a diario, peregrina desde el sur de Guayaquil a la cárcel, en busca de una respuesta al oficio que entregó al director.
“Solicité que lo trasladen a un hospital, necesita atención para que no se muera. Hace 15 días a un muchacho lo sacaron cuando ya era muy tarde; murió en el hospital… Mi hijo vomita sangre”.
Este lunes, una mujer deambulaba angustiada cerca de Juana. Entre lágrimas relataba el grave estado de salud de su hijo, también aislado en el pabellón 9. Aunque aparentemente habían autorizado su salida a un centro médico, su desesperación se dilató porque no había un guía penitenciario que lo acompañe.
“Adentro hay un dispensario pero solo le dan remedios para el dolor. No dan ningún tratamiento contra la enfermedad. Mi hijo no es el único, todos los que viven en ese pabellón están demasiado flacos”.
El pabellón Logros, de la Penitenciaría, fue diseñado para atender casos de tuberculosis y otras enfermedades. Hasta fines del año pasado acogía a 200 internos. Solo cuando allí le hagan un examen al hijo de Carmen se analizará su puede salir a un hospital. Hasta entonces, el temor de esta madre se une al de Angélica. “Tampoco quiero que me lo entreguen en una caja”.