Johanna Pesántez, secretaria Jurídica de la Presidencia, es abogada por al Universidad Católica del Ecuador. Tiene posgrados en Universidad de Roma la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Fue ministra de Justicia en el Gobierno de Rafael Correa. Foto: EL COMERCIO
En materia anticorrupción, el Ejecutivo tiene dos leyes presentadas. ¿Habrá más leyes?
No. Nosotros hemos presentado dos leyes. La que se entregó el 16 de junio que es una reforma al COIP, que es identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de los bienes de origen ilícito. La segunda es la que se refiere a la conocida como ley anticorrupción septiembre en cambio.
¿Cuál es la diferencia entre las dos leyes del Ejecutivo en esta materia?
El paraguas general que nosotros tenemos es la lucha contra la corrupción, pero en este sentido nosotros debemos tener súper claro que las propuestas que tenemos dentro de la primera complementan lo que también pusimos en la segunda. No son dos temas aislados, que nosotros buscamos que sean revisados de forma separada.
¿La primera ley enviada a la Asamblea apunta a los tiempos para la prescripción de los delitos de corrupción en el país?
Lo que buscamos es que es en casos de lavado de activos se aumente el tiempo para la prescripción de este delito. Luego, que existen ciertas órdenes especiales para la incautación o sobre todo para la inmovilización. Cuando uno descubre que hay una ruta de dinero, sobre todo en el exterior, lo que se busca es que en forma inmediata sea inmovilizado, porque sino puede ser dispuesto y perdemos la evidencia del delito y sobre todo ya no se puede recuperar el dinero mal habido. Por eso, con esta ley se busca fortalecer todo lo que es la Asistencia Penal Internacional para que, dentro de los convenios internacionales, podamos de forma automática aplicar el derecho internacional y recuperar ese dinero.
¿Cuánto subirían los tiempos en esta nueva ley para que no prescriban los delitos de lavado?
Actualmente cuando es inferior a 100 remuneraciones básicas es de uno a tres años. Lo que propusimos es que sea de dos a seis años. Cuando no haya asociación para delinquir está de cinco a siete años, nosotros proponemos que sea de diez a 14 años. Igual, en otras normas pedimos que de los siete años pasemos de 14 a 20 años, y también cuando supere las 200 remuneraciones básicas de 20 a 26 años. Duplicamos los tiempos, porque en el tema de lavado pasa mucho tiempo después que se llega a detectar la ruta que siguió para la corrupción.
¿La ley podrá aplicarse para casos anteriores a la expedición de la norma?
En ciertos casos no, en otros tendríamos que ver si fue investigado por otros tipos de delito. La lucha contra la corrupción no solo se hace por el lavado de activos, hay casos también de peculado, cohecho y concusión que no prescriben. Dependerá mucho de cada uno de los casos, pero las leyes se aplican para lo venidero. Queremos que esos procesos, que están siendo investigados eventualmente o que tengan que investigarse, tengan mayor garantía de que podrán ser juzgados y recuperados los dineros.
Sobre la ley anticorrupción del Legislativo, vetada por el Ejecutivo, el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que al ser aprobada por los correístas debía tener problemas estructurales y de ahí el veto…
Más allá de consideraciones de carácter político, que las ha dicho con toda claridad el Secretario de la Presidencia, hubo temas de carácter jurídico que eran completamente contradictorios. Por ejemplo, se decía que para sancionar no se necesita informe de responsabilidad penal, y en otros artículos se decía que sí. Uno de los aspectos del veto es porque ampliaba demasiado los tiempos (de juzgamiento), porque si se largan los tiempos eso le da ninguna respuesta al pueblo y no se va a recuperar nada.
Los especialistas de investigaciones forenses dicen que recuperar dineros de la corrupción es muy difícil. A parte de esas leyes
En verdad es complejo recuperar el dinero, pero nosotros tenemos que hacer todo el trabajo que corresponda para lograr el objetivo. Si nosotros partimos desde punto de que no vamos a llegar a tener un buen resultado, no va a pasar anda. Vamos a darle al operador de Justicia todas las herramientas necesarias para que haga su trabajo.
¿La ley anticorrupción presentada por la presidenta de la Asamblea no se opone a las del Ejecutivo?
Ese un tema importante, más bien ciudadano, porque es de denuncia, pero no es un tema de ejecución de leyes.