Gladys Álvarez acusa a su hija, Rocío Luzuriaga, de una serie de irregularidades y perjuicios económicos durante su administración, desde 2015. Foto: Julio Estrella/ELCOMERCIO
Disputas entre los socios de la Frutería Monserrate llevarían al cierre permanente del establecimiento. El caso involucra a integrantes de la familia Luzuriaga Álvarez, que fundó el negocio hace 47 años en Quito. Ahora se enfrentan en los tribunales con cuantiosas demandas por abuso de confianza y más.
Los problemas han llegado a tal punto que una de las partes, Gladys Álvarez y su hijo Hugo Luzuriaga, con la mitad de las acciones, decidió no reactivar la actividad de la empresa Rescomon, que posee los locales donde funciona la frutería y que actualmente atraviesa un proceso de liquidación, ordenado por la Superintendencia de Compañías.
La frutería actualmente es manejada por la empresa Limdul, constituida por Rocío Luzuriaga, hija de Gladys, y quien administró Rescomon por unos meses. Limdul firmó un contrato de arriendo de los locales con Rescomon por 20 años, que está en curso.
El 20 de agosto pasado el ente de control informó la decisión en la resolución 6790, suscrita por al intendente de Compañías de Quito, Esteban Ortiz, quien explicó a este Diario que la liquidación responde a que la empresa Rescomon no presentó los balances financieros por dos años, entre otros motivos.
Ortiz agregó que para detener el proceso lo principal es reactivar la compañía, eso se logra convocando a los socios y que acuerden decisiones para seguir con la actividad.
El abogado Felipe Rodríguez, representante de Hugo y Gladys, aseguró que no habrá consenso alguno.
El negocio lleva en la ciudad de Quito desde hace 47 años. Foto: Julio Estrella/ELCOMERCIO
Gladys acusa a su hija, Rocío Luzuriaga, de una serie de irregularidades y perjuicios económicos durante su administración, desde 2015.
Felipe Rodríguez, representante legal de Gladis Álvarez, afirmó que la Frutería Monserrate cerrará porque “nunca va haber un acuerdo (para reactivar la empresa), es una decisión tomada por mi cliente”.
Rocío Luzuriaga, en cambio, señala a su madre por una serie de supuestos delitos e incluso estafas. Y afirma que su trabajo en la compañía ayudó a resolver serios problemas económicos y legales. Su defensor, Carlos Lucero, sostiene que la empresa ha cumplido con las observaciones de la Superintendencia y que no existe sustento para su liquidación.
Luzuriaga indica que Limdul no está en las posibilidades de continuar con la frutería si pierde los locales.
En medio del problema, los trabajadores sienten incertidumbre por su futuro. Édgar Suárez, vocero de los empleados, indicó que mañana realizarán un plantón en la Superintendencia para que detenga la liquidación.