Imagen referencial. Mauricio se quitó la vida en abril luego de no haber podido ver a dos de sus tres hijas. Foto: Pixabay.
“Queremos justicia para Mauricio”, dice su hermana Elizabeth. Su voz se entrecorta al recordar los últimos meses de vida de su hermano. Tenía 39 años y tres hijas de 15, 5 y 3 años.
El 4 de abril del 2020, Mauricio se suicidó. La familia dice que esto ocurrió luego de no haber podido ver un mes a dos de sus tres hijas. En su celular dejó un video para la pequeña de 5 años. Le pedía que sea valiente.
Todo comenzó en el 2015, en Cuenca. Mauricio estaba casado y tenía dos hijas, la más pequeña aún no había nacido. La hermana del joven cuenta que la relación con la madre se deterioró cuando esta se hizo vegana.
Asegura que prohibía que sus hijas comieran cualquier producto de origen animal. Indica que cuando nació la última niña, la madre decidió que no la iba a vacunar, porque se había hecho activista y promovía la no vacunación.
En agosto del 2018, el padre conoció que las niñas habían sido retiradas de la escuela por la madre ya que tampoco le gustaba este sistema de enseñanza. En contra de la voluntad de la madre, el 28 de agosto del 2018 las inscribió en una unidad educativa privada, pero la madre volvió a retirarlas.
Todos estos datos constan en el juicio N° 01204-2018-01094G que Mauricio planteó para lograr que un juzgado de Niñez y Familia entregara medidas de protección a favor de las menores.
El 8 de noviembre del 2018, tras conocer los detalles del caso, la jueza del Juzgado de la Familia, Tatiana Ochoa, ordenó que las dos niñas mayores sean reincorporadas de “manera inmediata” a la escuela.
El 19 de noviembre de ese mismo año, se ampliaron las medidas de protección y la jueza ordenó que las niñas reciban las vacunas “de forma inmediata”.
Dispuso que la madre no use las fotos de las menores para hacer activismo en redes sociales y ordenó que las pequeñas reciban una “alimentación nutritiva, equilibrada y diaria”.
En ese mismo tiempo, la madre denunció a Mauricio por supuesta violencia física. En su relato, que consta en los documentos judiciales, la mujer dice que Mauricio la pateó cuando llegó a su casa.
Se abrió un juicio exprés y el 3 de diciembre del 2018, el juez Favio Guaraca confirmó la inocencia de Mauricio. La mujer presentó como testigos de la agresión a sus familiares.
Mientras que el progenitor entregó como pruebas los videos de las cámaras de un supermercado en donde estuvo el día de la supuesta agresión.
Incluyó como pruebas de sus actividades de ese día las facturas de la inscripción de las niñas en el colegio y el comprobante de pago del fotógrafo que contrató para sacar retratos de las niñas. “Así comprobamos que era una denuncia falsa”, dice la allegada.
Las niñas asistieron a la escuela durante los siguientes meses, cuenta Elizabeth. Mientras que el padre las visitaba regularmente y pagaba sus pensiones alimenticias. “Todo marchó bien por un año, hasta que en agosto o septiembre del 2019 la madre desapareció”.
Las niñas fueron retiradas por tercera vez del sistema educativo.
En Cuenca, el padre pidió de nuevo medidas de protección. El 9 de noviembre del 2019, la jueza Tania Ochoa ordenó que las niñas sean reincorporadas “de forma inmediata” a su escuela, en Cuenca. En esa misma resolución, la jueza pidió que la madre justifique su estabilidad laboral, domiciliaria y el derecho a la educación de las menores.
Además, la jueza Ochoa hizo una audiencia reservada con las niñas, a quienes escuchó y luego de eso decidió entregar la custodia a favor de Mauricio. “Mi hermano regresó a vivir con las tres niñas a casa de mis padres. Como soy soltera también decidí vivir con ellos para ayudarle. Todos estábamos volcados al cuidado de las niñas, pero la madre comenzó una campaña en redes”, dice la hermana.
La madre apeló la custodia y el caso pasó a la Corte Provincial del Azuay. El 3 enero del 2020 se dictó el fallo por escrito. Las juezas Aida Palacios, Sandra Cordero y María Merchán anularon la sentencia que concedía la custodia al padre y ordenaron que las niñas sean entregadas a la progenitora.
Mauricio, a través de su abogada, solicitó que las juezas escuchen a las niñas y que se les consulte con quién querían vivir, pero las magistradas negaron el pedido.
“Mi hermano también apeló para frenar la entrega. Entonces, la madre le demandó con un Habeas Corpus, porque decía que tenían a las niñas privadas de la libertad ilegalmente”, dice Elizabeth.
En la Función Judicial consta que el 19 de febrero del 2020 se desechó el pedido de Habeas Corpus. “En ese momento se intensificó la campaña en redes y en medios. Se creó una página en donde ella decía que mi hermano Mauricio la había golpeado y todas las mujeres empezaron a escribir a mi hermano; lo amenazaban”.
Finalmente, el 6 de marzo, se ordenó que Mauricio entregue a las tres niñas a su madre en un plazo de cinco días. Él cumplió con la devolución el lunes 9 de marzo. “La mayor no quiso irse. La más pequeña, de 3 años, regresó sin problema; pero la pequeña, de 5 años, se puso desesperada, lloraba, se escondió debajo de la cama. Tuvimos que sacarla de allí y enviarla a la fuerza con su madre”, cuenta la tía.
El sábado 14 de marzo era el día de visita de Mauricio. La hermana cuenta que él trató de ver a las pequeñas, pero la madre se lo impidió. “Le dijo que como la primera hija no quiso volver con ella, entonces debía olvidarse de las dos pequeñas”.
La pandemia comenzó y el 4 de abril Mauricio se quitó la vida. Ahora su familia solicita acceso a las pequeñas y que entreguen medidas de protección a favor de las niñas para que se garantice su educación, alimentación y salud. “Hay tantos padres que son irresponsables y abandonan a sus hijos, pero hay otros que por buscar lo mejor, como lo hizo mi hermano, son discriminados. Pedimos justicia y solo eso”, indica Elizabeth.
La versión de la madre
Este Diario buscó la versión de la madre, pero no fue posible contactarla. Ella publicó su postura en una red social:
“Hace ya casi tres meses mis tres pequeñas hijas fueron arrebatadas de mi custodia ilegalmente. Entre llanto y jaloneos fueron llevadas por su padre debido a una sentencia ilegal e inconstitucional por una jueza de primer nivel, que me discriminó por no tener recursos económicos suficientes a su criterio, por haberme mudado de la ciudad para buscar un mejor porvenir, por ser vegana, por no profesar una religión, por haber realizado un año de ‘homeschool’ aunque fue debidamente validado, etc.
El 24 de diciembre de 2019, la Corte Provincial anuló la sentencia que me quitó a mis hijas, por ser inconstitucional, no tener ninguna motivación y ser ilegal, dando la orden de la restitución inmediata de mis hijas a mi custodia ese mismo día a las 15:00. Desacatando esta orden, su padre las ha retenido ilegalmente desde ese entonces y ningún organismo ha sido capaz de hacer respetar esta nulidad.
El padre de mis hijas ha iniciado simultáneamente una campaña de incitación al odio hacia personas veganas, ateas, de diversidad sexual, ‘homeschooler’ y específicamente hacia mi persona.
Además, ha manipulado a mis hijas durante todo este tiempo para alienarlas y buscando que ellas me rechacen. Necesitamos ejecutar esa nulidad urgentemente antes de que el daño psicológico a mis hijas sea más grave. Que se escuchen nuestras voces y pare la discriminación”.