La Policía se incautó de 1 tonelada y 144 kilogramos de cocaína en la Operación 348. Foto: Archivo/ Policía
Eduardo Larrea Cruz, junto a otros ocho ecuatorianos que formaban parte de una organización que enviaba droga a México, fue detenido en junio pasado en la operación Megavalancha de Guayaquil.
Tres meses después, su hermano menor, Juan Pablo, piloto ecuatoriano, fue capturado en Belice, Centroamérica, tras aterrizar en una avioneta King Air Aircraft 200, que transportaba 1 347 kilos de cocaína.
Los hermanos, una exfuncionaria de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), un miembro de la Policía y dos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ofrecían servicios de logística para enviar cocaína a México, según las pesquisas de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos de la Policía.
La organización trató de cubrir sus actividades ilícitas con vuelos internos y con ese fin llegaron desde México alias ‘Mono’; alias ‘Chuy’ y una persona identificada como Daniel, en agosto del 2018.
En un avión tipo Jet Gulfstream II, de bandera mexicana, matrícula XB-NRX, que había entrado al país previamente, en julio del 2018, hicieron vuelos charter entre Manta, Cuenca y Salinas, pero su actividad apenas duró tres meses.
En octubre del 2018 partieron desde Guayaquil a Belice, a raíz de la aprehensión de una tonelada y 144 kilos de coca en el aeropuerto de Manta, como parte de la operación Impacto 348 del 12 de septiembre del 2018.
Ahí fueron descubiertos dos miembros de la FAE: Carmelo Estupiñán y Juan Muñoz, quienes cumplen una sentencia de 17 años en el Centro de Libertad Regional Zona 8. Ellos laboraban en la base aérea de Taura (Guayas) y desde ahí fueron a Manta para coordinar el ingreso de la droga, el acopio en un hangar adyacente a la pista, a la que tenían acceso por el ingreso al Ala de Combate Nro. 22. Con su intervención se aseguraba el abordaje y el envío del alcaloide.
Los permisos de operación de la nave fueron otorgados por la DGAC a Airmaster, empresa constituida el 17 de septiembre del 2004 en Guayaquil con USD 1000 de capital. Según el registro de la Superintendencia de Compañías da servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves.
Su principal accionista es Flavio A., quien fue vinculado al proceso que lleva la Fiscalía por delincuencia organizada. La empresa aún aparece como activa, pero uno de los teléfonos que constan en la Superintendencia es de un domicilio y el otro está fuera de servicio.
EL COMERCIO consultó a la DGAC sobre este caso, pero su Dirección de Comunicación contestó por correo, el 13 de agosto pasado, que tras consultar al área jurídica no podían proporcionar información ya que hay un proceso en la Fiscalía. El caso está en instrucción fiscal y es público.
También se solicitó un informe que se ha mantenido en reserva y que fue entregado al expresidente, Rafael Correa por Eduardo Larrea, exsubdirector y director (e) de la entidad, entre noviembre 2007 y 2009.
Ahí explicó por qué un avión Gulfstream, modelo GLF59, de Acapulco-México aterrizó sin autorización en Quito, donde permaneció 13 días y despegó en octubre del 2007 desde Tachina-Esmeraldas, violando las normas aéreas nacionales. Ese mismo avión fue intervenido en México. Esta solicitud tampoco fue contestada.
Antes de la salida de Eduardo de la DGAC, además, se tramitaron los permisos de operación de Sky Ecuador Líneas Aéreas, con su hermano al frente, para dar servicio de transporte aéreo y luego operar una escuela de pilotos en Santo Domingo.
También abrieron Sky Jet Elite Corp, en La Florida, pero en agosto del 2014, la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) les incautó un Jet Gulfstream y dos avionetas tipo Cessna. La empresa y los aviones ya constan con otros dueños.
Tras la detección de estos aviones, los hermanos argumentaron que las rutas señaladas por las autoridades de EE.UU. eran falsas; desmintieron que estos aviones transportaban a funcionarios del anterior Régimen e insistieron en que las naves serían devueltas en un mes. Esto nunca ocurrió. Incluso, demandaron a directivos de EL COMERCIO por informar sobre los viajes realizados con Jet ejecutivo Gulfstream II, de matrícula N378MB.
Eduardo también aparece como presidente y accionista de Líneas Aéreas Ecuatorianas Internacionales (Laeisa), constituida en abril del 2012, en Quito.
Las investigaciones de Antinarcóticos revelan que Eduardo mantenía contacto con una funcionaria de la DGAC, de Guayaquil, por lo que son considerados el nexo de la organización mexicana para la oferta de pistas y aeronaves para enviar, entre 200 y 1000 kilos de cocaína. Esta última cantidad pretendieron sacar de Manta.
Según las pesquisas, cobraban cerca de USD 2 000 por kilo subido a la aeronave. En este negocio ilegal, la cantidad de droga varía de acuerdo con el tipo de nave. Por ejemplo, un Cessna 421 tiene capacidad de 800 kilos y un Cessna 210, de 500 kilos.
La abogada de Larrea, Judith López, asegura que no se ha podido demostrar que Larrea sea parte de esta organización delictiva y asegura que las llamadas telefónicas que presuntamente mantenía con los otros involucrados, bajo el alias de ‘Dante’, no pertenecen a su cliente.
“En el caso de Larrea el aval probatorio es débil; realmente no hay prueba que te haga ver que este hombre vaya a ser sancionado. En el caso de que no sea sancionado, el haber puesto prisión preventiva será una responsabilidad del Estado”.
Bajo la responsabilidad de la exempleada de la DGAC, según la Policía, estaba el traslado de la droga vía terrestre hasta Manta, así como la recepción y acopio de la droga en el hangar del aeropuerto, mientras que la subida de la droga al avión mexicano estaba a cargo de Larrea.
En este caso también está involucrada la pareja de la exburócrata, quien estaba al tanto de las actividades antes, durante y después de que fue aprehendida la droga en septiembre del 2018. Él destruyó su celular al presumir que estaba interceptado.
Dentro de este caso está previsto para el 1 de octubre próximo una audiencia de escuchas para revisar audios y llamadas telefónicas que se encuentran en cadena de custodia.