El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios Ullauri, entregó un nuevo pedido de consulta popular este martes 8 de septiembre del 2020, en la Corte Constitucional. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
Un nuevo pedido de consulta en contra de la minería llegó a la Corte Constitucional (CC) la mañana de hoy, martes 8 de septiembre del 2020. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios Ullauri, fue el encargado de presentar la solicitud.
El 1 de septiembre pasado, con 15 votos a favor y uno en blanco, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó solicitar la convocatoria a una consulta popular por el agua.
El pedido de control constitucional se solicitó para cinco preguntas, una por cada zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
La iniciativa se basa en el artículo 104 de la Constitución, según Palacios. En ese artículo se plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), “con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción”.
Al ser planteado por un GAD, la propuesta no requiere de la recolección previa de firmas.
Palacios dijo que la consulta es parte de un plan integral de cuidado del agua que también incluye un proyecto que pasó el primer debate con el que se crearían áreas de conservación y uso sostenible; además de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
Al menos tres pedidos de consulta popular sobrecrecursos naturales en Azuay se han solicitado en la CC desde el 2019. Dos ellos los hizo el prefecto de esa provincia, Yaku Pérez. Ambas solicitudes fueron archivadas por no cumplir con los requisitos necesarios.
Palacios dijo que esta vez han sido cuidadosos con la de limitación de las zonas en las que influiría la decisión. Por eso las preguntas planteadas se circunscriben a “la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Etapa).
El objetivo del Concejo Cantonal es que se incluya en las elecciones generales del 2021 una papeleta para esta consulta popular.
Una vez que se inicie el control previo de constitucionalidad con el sorteo de la causa, la Corte tiene un plazo de 20 días para pronunciarse. La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que si la CC no resolviera sobre la convocatoria, considerandos y cuestionario en ese plazo se entenderá que el dictamen es favorable.