El recinto Las Delicias es reclamado por Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: Juan Carlos Pérez/ EL COMERCIO.
A los gobiernos provinciales les queda menos de un mes para resolver sus problemas limítrofes. La Comisión Nacional de Límites Internos del Ecuador aprobó la solución de ocho de los 22 conflictos entre provincias y el resto está en análisis o pendiente.
Esa comisión fijó como plazo el próximo 16 de abril para que los gobiernos seccionales resolvieran sus indefiniciones. Veinte gobiernos provinciales eligieron el acuerdo amistoso, pero no todos se resolvieron totalmente. De los ocho acuerdos, tres son parciales, es decir, por una franja de territorio.
Azuay fue la primera provincia en resolver sus litigios con Loja, Cañar, Morona Santiago y Guayas. Solo el acuerdo con Loja está aprobado por el Conalis y los otros dos fueron remitidos a la Comisión de Límites hace una semana.
El acuerdo con Guayas se firmó hace dos semanas y sus autoridades elaboran el expediente técnico y jurídico, pero el arreglo fue parcial.
Los prefectos de Azuay, Paúl Carrasco, y de Guayas, Jimmy Jairala, llegaron a un acuerdo por 608 kilómetros cuadrados. Allí se asientan 36 comunidades, de las cuales 21 se quedarán en Azuay y 14 con Guayas.
Solo en el caso de Abdón Calderón, se resolverá mediante consulta popular. Ese acuerdo tiene la oposición de un grupo de habitantes de Molleturo. Ayer, 17 de marzo del 2015, las miembros de la Junta Parroquial presentaron una acción de protección ante la Corte de Justicia de Cuenca para dejarlo sin efecto.
Según el presidente de la Junta Parroquial, José Gutama, no fueron tomados en cuenta en las negociaciones ni se difundió el tema. Lauro Galarza, habitante de Aguas Calientes, cree que debería realizarse la consulta popular en las 37 comunidades en disputa.
El sector de Aguas Calientes es una de las zonas en disputa entre Guayas y Azuay. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO.
Aguas Calientes se definió para Guayas. Su morador Pedro Sánchez tiene otro criterio. Según él, la mayoría de obras fue hecha por Azuay, “pero hay que aceptar la decisión porque todos somos ecuatorianos”.
Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar, Bolívar, Tungurahua…, pese a optar por la figura del acuerdo amistoso, no logran una solución total a sus litigios territoriales. Por ejemplo, Santo Domingo de los Tsáchilas resolvió sus indefiniciones con Pichincha, por el sector del Chitoa, pero no hay acuerdos con Manabí.
Ambas provincias se disputan la pertenencia de Las Delicias, Copal y El Porvenir y se prevé un convenio parcial. El fin de semana, el prefecto de Santo Domingo de los Tsáchilas, Geovanny Benítez, se reunió con los dirigentes de esos poblados y exigieron una consulta popular.
Esa figura legal, el arbitraje o la decisión jurídica de la Comisión de Límites quedarán como opciones a los gobiernos seccionales que no arreglen sus controversias.
Las autoridades de Tungurahua con Bolívar y de Cotopaxi con Cañar negociaron, pero no hubo acuerdos. Las primeras se disputan 12 000 hectáreas de páramo en el sector de Río Blanco y las otras 80 hectáreas de páramo en Culebrillas. Según Édgar Aimacaña, director de Planificación de la Prefectura de Cotopaxi, las negociaciones están frenadas.
En cambio, Guayas anunció que mañana firmará un acuerdo con Cañar, por una zona no delimitada, pero quedará pendiente El Piedrero. Según el prefecto Jimmy Jairala, con los representantes de Manabí, Los Ríos y Bolívar avanzan los diálogos para evitar la consulta.
En el caso de La Manga del Cura, el asesor jurídico de la Prefectura de Manabí, Roberto Kon, dijo que el litigio irá a la Presidencia de la República.
En contexto
El 16 de abril próximo vencerá el plazo emitido por la Comisión Nacional de Límites Internos del Ecuador, para que los gobiernos seccionales encuentren una solución amistosa a sus conflictos. Luego deberán acogerse a instancias legales como la consulta o la mediación.