Raúl Tello y Mae Montaño, independientes, son los ponentes del proyecto de Ley de Extinción de Dominio que debate la Asamblea. Fotos: Twitter Asamblea
Entre varios pedidos de ajustes, el Pleno de la Asamblea arrancó este martes 8 de diciembre de 2020 con el segundo debate del proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
El ponente del proyecto, Raúl Tello y Mae Montaño, ambos independientes, defendieron que el texto incorpore figuras como la retrospectividad y la imprescriptibilidad, con lo que el Estado podría actuar sobre casos de corrupción y otros delitos anteriores a la vigencia de esta norma.
“No es que se van a confiscar los bienes, no es que se van a quitar los bienes, se va a declarar la titularidad a favor del Estado, pero con sentencia de autoridad judicial”, afirmó Tello.
El socialcristiano Henry Cucalón consideró que con este proyecto el Estado podría actuar con procesos distintos a los que se desarrollan en la justicia ordinaria para casos como Odebrecht y también sobre sujetos sentenciados por el feriado bancario de 1999.
Sin embargo, advirtió que “el concepto de retrospectividad que se pretende aplicar con esta ley, es en la práctica una retroactividad camuflada, aplicada a los procesos que están en curso y a situaciones jurídicas no consolidadas y que, a criterio de algunos especialistas, podría contravenir la Constitución”.
El asambleísta Ramón Terán (PSC), en cambio, propuso incluir en el proyecto la venta anticipada de bienes de origen ilícito o injustificado, antes de que se ejecute la correspondiente sentencia en el ámbito judicial, para evitar el deterioro.
De su lado, Fabricio Villamar (exCreo) planteó un “reconocimiento pecuniario para las personas que participen en dar información para poder encontrar los bienes mal habidos” y rechazó que el texto limite a que solo puedan actuar como sujetos procesales entidades como la Procuraduría.
“Creo que esto termina por castrar la Ley porque la capacidad de presentar una denuncia no solamente le corresponde a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Policía, UAFE o cualquier institución pública, le debe pertenecer principalmente a los ciudadanos”, dijo.
El coordinador de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz, consideró que esta ley debe servir para luchar contra la corrupción y otros delitos como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, la trata de personas y la evasión tributaria.
No obstante, Ronny Aleaga, otro de los integrantes de esa bancada, consideró que “aún existen intenciones políticas dibujadas dentro de este proyecto” y rechazó a quienes tratan de posicionar a esta Ley como la única esperanza para luchar contra la corrupción.
La asambleísta Mae Montaño enfatizó que “lo que se pretende con la extinción de dominio, que es una acción real, es destruir la apariencia de dominio conseguida mediante un acto realizado al margen de la ley”.
Después de las intervenciones de 10 legisladores del PSC, la Revolución Ciudadana, Creo e independientes, el segundo debate de este proyecto fue suspendido por la muerte del asambleísta Bairon Valle y se retomará el jueves.