18 de febrero de 2021 00:00

Jorge Yunda se reportó en Corte tras su imputación penal

Juan Pablo Albán (der.) acompañó a su defendido, Jorge Yunda, a su presentación. El Alcalde entró por el estacionamiento. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Juan Pablo Albán (der.) acompañó a su defendido, Jorge Yunda, a su presentación. El Alcalde entró por el estacionamiento. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Diego Puente

El expediente abierto para indagar un posible peculado en la compra de pruebas PCR para Quito tiene 25 300 hojas. En 432 de estas aparecen comunicaciones entre las actuales autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y el alcalde Jorge Yunda, que desde el martes (16 de febrero del 2021) están vinculados al proceso.

La Fiscalía presentó estos documentos en la Corte de Pichincha al igual que 35 elementos recopilados en el proceso.

Allí constan dos informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado sobre las supuestas irregulares en la adquisición de los test.

Las pesquisas detallan que en los chats intercambiados desde el 8 de julio del 2020 se ve “información suficiente”, que le permitía a la Secretaría dar por terminado el contrato de manera unilateral, pues la empresa contratista “incumplió” con las características técnicas que debían tener las pruebas.

Según la Fiscalía, en lugar de entregar las PCR Polimerasa, como consta en el entendimiento, la compañía despachó las RT LAMP, “que tienen menos porcentaje de detección del virus”.

En el expediente se señala a Yunda como autor mediato del presunto de peculado. A seis actuales funcionarios de la Secretaría de Salud, en cambio, se los imputó porque presuntamente trataron de ocultar esta información y permitir que el contrato finalice el 20 de julio mediante “común acuerdo”.

Fiscalía considera que eso afectó a las arcas municipales.

Lo que correspondía, según las investigaciones fiscales, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.

El abogado de Yunda, Juan Pablo Albán, indicó que en las investigaciones no se tomó en cuenta la Ley Humanitaria que determina que “cuando existen obligaciones pendientes con el proveedor no se puede dar por terminado el contrato de forma unilateral”.

En la disposición decimanovena, la normativa indica que “con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica” provocadas por el covid-19 “por el período de 12 meses, las entidades contratantes no iniciarán procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de pago derivadas de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas aprobadas y otros instrumentos”.

Albán refutó otros argumentos fiscales. Él habló luego de que el Alcalde acudiera por primera vez a presentarse en la Corte Provincial de Pichincha, como parte del cumplimiento de medidas ordenadas por el juez Vladimir Jhaya.

El burgomaestre entró al estacionamiento subterráneo cerca de las 08:52 en un auto sin placas y con vidrios oscuros. Tras 15 minutos, el vehículo salió del estacionamiento y tomó la avenida 6 de Diciembre, hacia el centro de Quito.

Horas después, Yunda apareció en la entrega de calles asfaltadas, en Tumbaco, al nororiente. Ahí se levantó las bastas del pantalón y enseñó sus tobillos al público. Aseguró que hasta ese momento no tenía ningún brazalete electrónico.

“Me han hecho ver los abogados que en la parte de las medidas que dicta el juez no se menciona ningún grillete. Pero si por salvar decenas de miles de vidas en la ciudad tengo que ponerme grillete o enfrentar la cárcel, no temo”, dijo.

Albán también confirmó a este Diario que hasta las 15:00 no les fue notificada ninguna decisión judicial sobre el brazalete. Aseguró que esto debe aclararse y sostuvo que es “un tema político y no jurídico”, que el Alcalde no tiene “ninguna participación” en la contratación de las pruebas y que responderá a cada llamado que realice la Corte Provincial para demostrar la inocencia.

El juez Jhaya además ordenó prisión preventiva para tres personas. Este fallo judicial fue apelado y no puede ejecutarse hasta que se ratifique o se le otorgue otras medidas, como presentarse ante un juez.

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