La séptima pregunta de la iniciativa del presidente Lenín Moreno trata sobre la reducción del área de explotación petrolera y el aumento de la zona intangible del Yasuní. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO
El colectivo Yasunidos presentó un amicus curiae a la Corte Constitucional (CC), para que la última pregunta de la consulta popular incluya anexos que clarifiquen su alcance.
La séptima pregunta de la iniciativa del presidente Lenín Moreno trata sobre la reducción del área de explotación petrolera y el aumento de la zona intangible del Yasuní.
Pero es la única de la propuesta que no tiene un anexo que explique cómo se hará esta reducción y ampliación, cuándo y bajo qué consideraciones.
Por eso está mañana, 17 de octubre de 2016, varios activistas del colectivo, sus abogados y otros grupos afines como Acción Ecológica llegaron a la sede de la CC para interponer el recurso.
El jurista Julio Cesar Trujillo espera que el presidente Moreno esté de acuerdo con ellos en que el énfasis de la propuesta debe centrarse en la vida de los pueblos que habitan en el Parque Nacional, que “no se tocará de ninguna manera los recursos cuya explotación traiga consigo el atentado contra la vida o la subsistencia de los pueblos no contactados“.
Ramiro Ávila, también abogado del grupo, indicó que si la pregunta no se aclara “podría entenderse que está protegiendo la explotación”, aunque la intención sea proteger a los pueblos no contactados.
Insistió en que es importante que la pregunta tenga un anexo, que se designe una comisión para determinar las áreas que son de explotación y las de protección. Caso contrario, advirtió, el pueblo ecuatoriano puede estar votando por la expansión de la frontera petrolera.
Pablo Piedra, otro de los abogados, confía en que la CC tome en cuenta el amicus curiae y que, una vez que se sortee el juez de la causa, los reciban en una audiencia para explicar sus motivaciones.
Además, explicó que los jueces tienen la potestad de aclarar las preguntas; es decir, tomar en cuenta su propuesta de anexos, sin la necesidad de devolver la propuesta al proponente, el Ejecutivo.