El 26 de septiembre, Marcelo Ron, abogado de Édgar Arias, revisó la información remitida por EE.UU. Foto: archivo EL COMERCIO
La red de corrupción que Odebrecht tejió en Panamá salpica a la ‘offshore’ Columbia Management, que el ecuatoriano Édgar Arias constituyó en ese país en el 2007.
Las investigaciones revelan que esa empresa recibió USD 50 millones de siete sociedades fantasmas usadas por la constructora brasileña para el supuesto pago de coimas.
Las transferencias se efectuaron entre el 2010 y el 2015 (ver infografía adjunta).
En esos años, el gobierno de Ricardo Martinelli adjudicó millonarias obras a la compañía de Brasil. Entre esas, aparecen el Metro de Panamá y la autopista Madden-Colón.
Ahora, estos proyectos son señalados en las indagaciones de la Fiscalía de ese país.
En Ecuador, Arias es uno de los 18 imputados por asociación ilícita, el primer expediente abierto por la Fiscalía local sobre el caso Odebrecht. Él se entregó voluntariamente el 22 de junio, en Quito, y desde entonces guarda arresto domiciliario, debido a su edad.
De hecho, por las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Ecuador se conoce que Columbia Management habría intermediado en la entrega de sobornos por las obras levantadas en Panamá.
En el expediente de asociación ilícita consta la asistencia penal que EE.UU. remitió a Ecuador y se identifican 31 transferencias bancarias que la ‘offshore’ de Arias recibió de Odebrecht, entre 2011 y 2013.
Ocho de esos pagos están relacionados con las construcciones del Metro de Panamá y de la autopista Madden-Colón. En el resto aparecen únicamente los códigos “cachaça”, “diversos”, “peão” y “aguia”.
No es la primera vez que el alias “aguia” se menciona en documentos judiciales. Panamá ya ha recopilado otros pagos de dinero hacia este personaje, que aún no ha sido identificado. Pero las investigaciones iniciales arrojan pistas y señalan que esa palabra se atribuye a ‘águila’, pero también se la asocia con ‘gobernante’.
Estados Unidos recogió está información del sistema Drousys, un ‘software’ exclusivo de la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la unidad que se encargó de tramitar los sobornos en América Latina.
La plataforma informática permitió a los funcionarios de esa oficina comunicarse entre sí, hablar con operadores financieros externos y con los conspiradores. Ese programa también les posibilitó ocultar las actividades ilícitas a través de correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos.
Además, el ‘software’ otorgó una serie de nombres en clave y contraseñas para ocultar las identidades de los empleados y de los destinatarios de las coimas y los intermediarios.
Odebrecht ha confesado que los discos duros del Drousys están almacenados en Suiza.
Precisamente por esto, hoy, el fiscal general Carlos Baca se reunirá con el procurador general de Suiza, en Panamá, para recibir datos del ‘software’.
En los próximos días, investigadores ecuatorianos incluso viajarán al país europeo para recopilar información.
Marcelo Ron, abogado de Arias, ha asegurado que los pagos recibidos por Columbia Management son lícitos. Y ha señalado que esa empresa opera legalmente en Panamá, pues se dedica a la venta de materiales de construcción.
El defensor explicó que los USD 50 millones que la constructora brasileña depositó a las cuentas de la empresa de su cliente fue por la venta de estos materiales en ese país.
La delación de José Conceição Santos, exdirector de Odebrecht en Ecuador, también señala a Arias. El brasileño dijo de los USD 10,1 millones que pagó al excontralor Carlos Pólit, USD 2,4 millones se hicieron en efectivo a través de la intermediación de Arias.
Además, el exdirectivo -hoy sentenciado a ocho años de cárcel en Brasil- aseguró que el empresario ecuatoriano recibía el dinero en Columbia Management y luego lo transfería a Ecuador por medio de las cuentas de Diacelec. Esta empresa opera en el norte de Quito y Arias es su propietario.
Esto ha sido desmentido por la defensa del empresario.
En Panamá, en tanto, las autoridades aún tratan de descubrir quiénes están detrás de los alias que aparecen en los documentos de Estados Unidos.
Por ahora, esa nación ha detectado al menos a 47 sospechosos involucrados en estos hechos de corrupción y se han abierto 20 procesos penales.
Las investigaciones han involucrado principalmente a los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y a exministros que trabajaron con él. Frank De Lima, exministro de Economía; y Jaime Ford, exministro de Obras Públicas, son dos de los señalados por la justicia local.
Pese a la dimensión de la red ilegal, la fiscal jefe de Panamá, Kenia Porcell, advirtió esta semana sobre la posibilidad de que el caso quede impune, después de que una jueza haya negado una prórroga de dos meses para continuar con las indagaciones judiciales.
Porcell, además, ha advertido que este tema es de “alta complejidad” para la nación, y lamentó el tiempo que tienen para cerrar sus análisis.
Entre los países de la región en donde la constructora brasileña pagó sobornos, Panamá es la cuarta nación más afectada, únicamente por detrás de Brasil, Venezuela y República Dominicana.
En contexto
Odebrecht admitió haber pagado USD 788 millones en coimas en 10 países de América Latina y en dos
de África. En Ecuador entregó USD 33,5 millones, según exdirectivos. Pero indagaciones locales señalan que el monto fue de al menos USD 50 millones.