Eulalia Sandoval, de 76 años, usa silla de ruedas. La junta receptora llegó a San Carlos. Foto: Victor Muñoz / EL COMERCIO
Desde hace siete años, Laura Vásquez, de 85, no ha salido de su habitación. Así que las caras que ve son solo de parientes. El viernes 17 de febrero del 2017, sorpresivamente, más de 20 rostros nuevos de periodistas, camarógrafos, observadores de Argentina, Paraguay y México, aparecieron alrededor de su cama hospitalaria. Todos la vieron sufragar.
A su derecha, en el velador, apenas se divisaba un revoltijo de medicinas, para enfrentar la mielitis transversa. El trastorno neurológico la inmovilizó del pecho a los pies.
Personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las juntas receptoras móviles tenía previsto trasladarse el viernes a los domicilios de 883 personas con discapacidad del país. Esto como parte del programa denominado Voto en casa, implementado a manera de proceso piloto desde el 2013. Entonces 16 ciudadanos, en Tungurahua, participaron de las elecciones presidenciales.
En el 2014, cuando se eligieron alcaldes y prefectos, se desarrolló un proceso similar en 12 provincias. 275 de 320 inscritos fueron visitados y votaron en sus casas. El resto falleció. Este 2017 se decidió activar el programa en todo el país, contó el consejero del CNE, Mauricio Tayupanta.
Del Voto en Casa podían participar personas con el 75% de discapacidad y más de 65 años. En esas condiciones están 4 550 ciudadanos, según el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).
Por logística se otorgó la facilidad a 883 personas, contactadas antes. En el país hay 345 467 ecuatorianos con una discapacidad empadronados, el 56% es mujer. Del total, la mayoría, es decir 168 413, tiene una limitación física.
“Me siento contenta porque pude ejercer mi derecho al voto”, respondió Laura Vásquez, rodeada de cámaras de un canal de TV asiático, además de los locales y de agencias. Estuvieron en su casa, en La Concepción, norte de la capital.
Xavier Torres, titular del Conadis, resaltó que esta opción de accesibilidad permite disminuir el porcentaje de ausentismo en esta población, que ahora llega al 24%. Además, están a disposición de este grupo el voto preferente, por el que no deben hacer fila. Y el voto asistido, para contar con un acompañante de su confianza.
Esto y un servicio de transporte gratis enriquecen el programa Tienen Derecho a Votar, que Conadis promueve desde hace 12 años.
“Estaba un poquito nerviosa, pero también emocionada”, relató Julio Remache, uno de los dos hijos de Martha Ponce, de 65 años. A ella, la delegación del CNE también la visitó en su domicilio, en Cotocollao.
La señora utiliza aparatos ortopédicos por su poliomielitis. Así que le parece “de lo mejor” la posibilidad de evitar movilizarse el domingo en un día con tanto tráfico y personas volcadas a las calles.
El voto no es obligatorio para las personas con discapacidad sino facultativo, apuntó Catalina Fierro, hija de Martha Eulalia Sandoval, de 76 años. Sin embargo, comentó, que la posibilidad de ejercer este derecho hace que quienes viven con discapacidad se sigan sintiendo parte del país. Su madre usa silla de ruedas, le amputaron el 80% de su pierna derecha a causa de la diabetes.
El 17 de febrero, también fue visitada en su casa en San Carlos por una junta receptora móvil.