16 de septiembre de 2019 00:00

La votación del COIP en la Asamblea Nacional se divide por temas

Marcela Arellano, Wilma Andrade, Sybel Martínez, Ximena Peña, Virginia Gómez, Lizie Ernst y Nayra Chalán (de izq. a der.), durante una rueda de prensa el jueves, en la Asamblea, a favor de la despenalización del aborto por violación. Foto: Vicente Costale

Marcela Arellano, Wilma Andrade, Sybel Martínez, Ximena Peña, Virginia Gómez, Lizie Ernst y Nayra Chalán (de izq. a der.), durante una rueda de prensa el jueves, en la Asamblea, a favor de la despenalización del aborto por violación. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

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Roger Velez
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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La despenalización del aborto por violación no es el único punto sensible dentro del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que será votado por separado hasta el miércoles 18 de septiembre del 2019 en el Pleno de la Asamblea.

Otro para el cual se analiza aplicar este procedimiento es el tema del uso medicinal de la marihuana. Esto debido a la controversia que generó durante el segundo debate, que se dio entre el 6 de agosto y el 10 de septiembre pasado en el hemiciclo legislativo.

Con esa estrategia se pretende que este cuerpo legal no corra la misma suerte que tuvo el Código Orgánico de la Salud, cuya votación está suspendida desde hace más de un mes por discrepancias entre los legisladores, pese a que lleva más de seis años en trámite.

La sesión clave para modificar el COIP se dará hasta este miércoles, según anunció el presidente César Litardo. Antes de eso Ximena Peña (AP), titular de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, encargada de procesar los cambios, deberá entregar la propuesta a las bancadas.

“Estamos analizando los temas”, dijo Peña, luego de que el jueves pasado recibió en la Asamblea a organizaciones como la Fundación Desafío y Rescate Escolar, que pidieron que no se continúe criminalizando a quienes deciden interrumpir su embarazo producto de una violación.

Peña les aseguró que existirían por lo menos 75 votos para lograr la aprobación del artículo 150, en el que se tipifica el aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida.

En el resultado podría también incidir otra táctica legislativa, pues las principales bancadas del parlamento, Alianza País (AP), el Partido Social Cristiano (PSC) y Creo dejarán a sus asambleístas que voten “de acuerdo con la conciencia de cada uno”.

De los socialcristianos, una de las voces más críticas a la despenalización del aborto por violación es la de Esteban Torres, a quien Marcela Aguiñaga (RC) criticó duramente por equiparar, según dijo, la protección a los animales con los derechos de las mujeres.

La postura de Torres incluso difiere con la del líder del partido, Jaime Nebot, a favor de esta iniciativa legislativa.

Para Henry Cucalón, jefe de bloque del PSC, esto es una muestra que los partidos “no responden a dueños que ordenan a los legisladores cómo votar” o que impiden el debate.

De los 137 legisladores, solo en el grupo de los 32 correístas hay la decisión de votar a favor de ambos temas de manera unánime, indicó Aguiñaga, una de sus integrantes.

La postura del denominado bloque de la Revolución Ciudadana contrasta con la de hace seis años, cuando incluso tres de las suyas fueron sancionadas, durante la aprobación del COIP, por no apegarse a la postura del entonces presidente Rafael Correa.

Para esta semana, grupos afines a la Iglesia Católica planifican concentraciones y marchas con el lema de “defender la vida desde la concepción”. El miércoles se manifestarán fuera de la Asamblea Nacional.

Un tercer nudo crítico del proyecto de reforma al Código Penal tiene que ver con el comiso sin sentencia en casos de corrupción. Hay legisladores y juristas que señalan que esto podría atentar contra la presunción de inocencia de las personas.

En el segundo debate en el Pleno participaron 83 legisladores. En la última jornada, el Pleno recibió a representes de distintos sectores, entre ellos Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, quien planteó que en la reforma al COIP se incluyan normas para combatir el contrabando.

Mientras que Freddy Carrión, defensor del Pueblo, sugirió fijar normas sobre la tutela judicial de los derechos de los consumidores y usuarios.

La reforma toca en total a 45 artículos del Código Integral Penal, crea otros 17 e incluye cuatro disposiciones transitorias generales y una final.

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