22 de agosto de 2019 14:30

Autoridades rechazan la actuación de jueces en liberación de bandas y extorsionador

el Cabildo se presentó el caso de una banda delictiva que fue capturada y liberada en menos de 24 horas y que luego parte de sus integrantes buscaron vengarse de dos menores de edad que los acusaron como supuestos denunciantes.

El Cabildo presentó el caso de una banda delictiva que fue capturada y liberada en menos de 24 horas y que luego parte de sus integrantes buscaron vengarse de dos menores de edad que los acusaron como supuestos denunciantes. Foto: Eddy Gómez / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
(I)

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La actuación de los jueces fue cuestionada durante la firma del Plan Más Seguridad de Guayaquil. El Consejo Nacional de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado se sumaron este jueves 22 de agosto del 2019 al convenio que promueve la alcaldesa Cynthia Viteri, con el fin de reducir los índices delictivos en la ciudad.

En el inicio del acto, el Cabildo presentó el caso de una banda delictiva que fue capturada y liberada en menos de 24 horas y que luego parte de sus integrantes buscaron vengarse de dos menores de edad que los acusaron como supuestos denunciantes. Esto ha generado la queja de la Policía y la Fiscalía por la actuación de una jueza. En las últimas horas también se conoció el caso de un extorsionador de mujeres que pese a las pruebas fue liberado, tras la denuncia de la periodista Dayana Monroy.

“Estos jueces deben ser destituidos y deben ir a la cárcel”, dijo Viteri.

Recordó que la firma de la Judicatura son fundamentales en la lucha contra la delincuencia y volvió hacer un llamado al presidente de la Asamblea, César Litardo, para que se sume al plan. "Sé que está su asesor jurídico. Hago un llamado a la Asamblea Nacional, porque de nada sirve el esfuerzo en conjunto si la ley continúa liberando a los delincuentes. La Asamblea debe cumplir con su principal labor, darnos las herramientas para poder ver los rostros de los delincuentes ", advirtió Viteri.


La fiscal general, Diana Salazar, señaló que está consciente que el problema de la inseguridad es estructural. Además, se refirió a la decisión de la jueza Tatiana Avellán quien dispuso medidas cautelares y liberó a los ocho integrantes de una banda delictiva el pasado miércoles 21 de agosto. Según la Policía, operaba en robos de personas y locales y extorsionaban a los transportistas urbanos de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil.

"Este no es el único caso, tenemos el reporte de dos casos donde la Policía hace su trabajo y Fiscalía el suyo, formula cargos, solicita medidas cautelares. Pero ciertos jueces simplemente los liberan. Vamos a presentar una queja", expresó Salazar.

Entre otros casos donde se cuestiona las decisiones de los operadores de justicia, mencionó el de la ambulancia que ingresó a la Cárcel Regional Zonal 8 del Guayas, en enero pasado. Ahí se permitió el ingreso de armas, mujeres y objetos ilegales. “El objetivo de este convenio es luchar contra la impunidad. Hemos solicitado que se presente un informe. La dirección de Gestión Procesal está analizando y realizando un control jurídico y de ser necesario vamos a remitir al Consejo de la Judicatura para que pueda identificar si se cometió una falta administrativa y se pueda sancionar”.

En el tema de las conversaciones vía chat que había mantenía la exfiscal de Guayas Patricia Morejón con el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que se está investigado en el expediente madre que corresponde al tema Sobornos 2012-2016

En tanto, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, mencionó que su competencia es el control disciplinario y no pueden interferir en las resoluciones de los jueces. "El Consejo de la Judicatura no puede interferir en la justicia. Desafortunadamente tenemos que respetar y observar".

También informó que han destituido al fiscal Wilder Tuza, en Imbabura, acusado de abuso sexual a una mujer con discapacidad y a la agente Liliam Chapalbay por negligencias en un caso de violación.

El Plan Más Seguridad incluye dos convenios. El primero es un acuerdo macro para establecer políticas de Estado, acciones coordinadas con las autoridades en temas de seguridad. El segundo es la unificación de los sistemas de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), que cuenta con 1 100 cámaras, y el ECU911, que posee 500 cámaras.

Con estas nuevas firmas, el Municipio comenzará el proceso de compra de las nuevas cámaras, megáfonos, de las camionetas, motos y sistema de radio. Hoy se hizo la primera firma para compra de botones de pánico y cámaras de seguridad.

Cada 30 días las instituciones participantes darán una rueda de prensa para explicar los avances dentro de sus competencias.

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