Redacción Judicial
Los encargados de la seguridad en Esmeraldas están preocupados por la supuesta participación de algunos refugiados colombianos en los actos delictivos.
Bolívar Obando, jefe del comando sectorial de San Lorenzo, de la Policía, asegura que el registro ampliado de ciudadanos colombianos agudizó el problema de la delincuencia. La razón: “Se entregaron papeles incluso a gente que actúa al margen de la ley”.
El oficial cita dos casos a manera de ejemplo. Comenta que el mes anterior fueron apresados Wilmer C., alias ‘El Cholo’, y William P.. Los dos ciudadanos colombianos están acusados por extorsión. Se presume que exigían dinero a comerciantes, palmicultores y hoteleros, a través de las denominadas ‘vacunas’.
Según la Policía Judicial de San Lorenzo, los dos extranjeros serían integrantes de la agrupación delictiva Águilas Negras, que actúan en el norte de Esmeraldas.
Lo que más preocupa a los uniformados es que, durante la detención, William P. tenía en su poder un carné que le garantiza el estatus de refugiado. El documento, con el número 84 000 14 117, fue entregado por la Dirección de Refugiados de la Cancillería, hace dos meses.
Denis Herrera, jefe de la Policía Judicial, señaló que para cobrar el dinero, los detenidos entregaban a sus víctimas números telefónicos para realizar los contactos. Luego repartían hojas volantes con amenazas de muerte para las personas que no cumplieran con los pagos exigidos. Pese a todo, varios afectados los denunciaron y actualmente están en manos de las autoridades competentes.
Obando también recordó que un ciudadano que tenía puesto un brazalete -de los que colocan la Cancillería y el Acnur a los solicitantes de refugio, mientras se regularizan- fue asesinado mientras intentaba robar en una palmicultora, en Maldonado. Al parecer, era un colombiano que vivía en el norte de Esmeraldas desde hace 10 años y estaba por recibir el carné de refugiado. La información la dio uno de sus vecinos.
En Santo Domingo de los Tsáchilas también fueron detenidos Héctor C. y William R. Se los halló con armas sin permisos. Los dos ciudadanos son colombianos y también tenían visa de refugiados. La problemática se repite en la ‘Provincia Verde’.
En tanto, Martha Juárez, representante del Acnur en Ecuador, y Alfonso Morales, director de Refugio de la Cancillería, coinciden en que las detenciones de refugiados colombianos en delitos flagrantes son casos aislados.
Ellos visitaron Esmeraldas para explicar a la ciudadanía el proceso de regularización de colombianos que se encuentran en el país y que requieren protección.
Calculan que este año se regularizará a cerca de 50 000 personas que viven en las provincias fronterizas con Colombia.
Morales también aclaró que el carné de refugiado no se tiene que tomar como una autorización para quebrantar la Ley. “Todos los extranjeros, sin excepción, están obligados a cumplir nuestra legislación, al igual que todos los ecuatorianos”, advirtió.
Respecto a los dos colombianos detenidos por las autoridades de San Lorenzo, señaló que si han incumplido la Ley deben ser sometidos a los jueces competentes, para que sigan el debido proceso.
Juárez, entre tanto, considera que no se puede estigmatizar a todos los colombianos por los errores de unos cuantos. Recordó que muchos se han visto obligados a huir de su país a causa de la violencia; abandonando su casa, su entorno familiar, sus amigos y los pocos bienes que tenían.
Ese es el caso de Jackeline, de 27 años. Ella llegó desde Cali, Colombia. Comenta que varias veces ha tenido que negar, “con dolor”, su país de origen para conseguir un lugar para vivir o un trabajo. “Toca porque por las ‘culebras’ (delitos) de otros pagamos todos. Es injusto porque piensan que ser colombiano es sinónimo de delincuente o guerrillero ”.
Sin embargo, durante ocho días, en que tuvo que lucir obligada una manilla amarilla numerada en el brazo izquierdo, no pudo ocultar que es colombiana. “No me hacía lío. Más bien fui a Atacames y ahí en cambio mostraba la pulsera para que no me robaran, porque a los colombianos nos tienen miedo”, bromea.
Jackeline llegó al país en busca de mejores condiciones de vida. Lo hizo junto a su a su hija Melany, de 2años. “Ella es la razón de mi vida y la que me empuja a seguir adelante”. Como esa hay miles de historias de extranjeros que han recibido la visa 12-IV, que el Estado ecuatoriano concede a las personas desplazadas como consecuencia de guerras o de persecuciones de índole racial, política, religiosa… en su país de origen.
Según un estudio realizado en 2008, por el Gobierno ecuatoriano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en nuestro país hay 130 000 colombianos con necesidad de protección. De ese total, 20 000 ya tienen visa.
La regularización sigue
El proceso de registro ampliado de colombianos se reinicia el lunes en Esmeraldas. Luego continuará en Sucumbíos, Orellana, Carchi e Imbabura.
El proceso se redujo de un mes a un día. Con este programa se busca regularizar este año a 50 000 colombianos que viven en las provincias fronterizas.
El martes próximo se reúnen en San Lorenzo las autoridades de Gobierno y militares, para analizar una estrategia que ayude a reducir la delincuencia.
Punto de Vista
Pablo Minda / Antropólogo
‘No generalizar’
A pesar de ser un procedimiento establecido por la ONU, colocar una marca a una persona (como las manillas a los solicitantes de refugio) representa una forma de agresión.
Pero por otro lado considero que por unos cuatro colombianos que infringen la Ley no se puede afectar a miles de personas honradas que se han visto obligadas a abandonar su país.
Tampoco creo que por los errores de unos cuatro el Estado ecuatoriano deba dejar de incumplir la responsabilidad que tiene ante la comunidad internacional de proteger a personas con necesidad de refugio. Se debe investigar y castigar a los que infringen la ley sin importar su nacionalidad.
La Fuerza Pública sabe quiénes siembran el terror y afectan a la sociedad, y es la llamados a tomar cartas en el asunto.