La Policía encontró los cuerpos de tres mujeres quemados , después de que el atacante los rociara con gasolina. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO
Por ahora ningún familiar de las tres migrantes asesinadas la madrugada del lunes 17 de julio de 2017 ha llegado a la morgue de Quito. La Asociación de Cubanos en Ecuador incluso pidió a otros isleños que ayudaran a contactar a sus parientes en La Habana y así iniciar el proceso de repatriación de los cadáveres.
Lázara, de 21 años, su hermana Yudeisy, (15), y su madre, Yudelkys (44), murieron apuñaladas por un ecuatoriano de 25 años, expareja de la primera de ellas. El hecho ocurrió en la parroquia de El Quinche.
Estos tres crímenes se suman a una larga lista de víctimas a manos de sus parejas o exconvivientes. Las cifras preocupan al Gobierno. En los últimos dos años, los femicidios han aumentado. En el 2015 se reportaron 73 casos. Para el 2016 esa cifra pasó a 86 y entre enero y el lunes 17 de julio del 2017 se han contabilizado 63 femicidios, de acuerdo con el Ministerio de Interior.
Sin embargo, luego de tres años de haberse incluido este delito en el Código Penal, no hay un ente que unifique las estadísticas. El Ministerio de Justicia dice que hay 74 femicidios en todo el país hasta el 7 de julio, según el último reporte entregado a este Diario.
Aquí no se incluyen las víctimas del lunes. Ese día, poco después de conocerse el crimen de las migrantes, los agentes recogieron testimonios.
Un morador dijo que el atacante vivía con la familia, pero era una convivencia violenta: se escuchaban gritos y discusiones constantes por celos.
Precisamente, los últimos datos levantados por la Defensoría Pública revelan que el 60% de las mujeres asesinadas por novios o esposos sufrió antes violencia psicológica y física en menor grado.
“El femicidio es la respuesta más grave de las agresiones. Se ven casos de mujeres que antes de ser asesinadas fueron golpeadas o vivían en ambientes hostiles”, dice el titular de ese ente, Ernesto Pazmiño.
Mariana Chalacamá, de 34 años, es un ejemplo de esta realidad. Ella fue apuñalada adentro de un autobús, en el cantón El Carmen, en Manabí.
Los testigos observaron que una pareja discutía en una parada, pero cuando Mariana quiso subir a la unidad, su expareja la hirió por la espalda.
Ella buscó ayuda en el bus, pero el hombre la siguió y la atacó nuevamente. Luego, antes de que los pasajeros reaccionaran, se hirió en el cuello.
Sus familiares aseguran que la joven tenía una relación violenta con el sospechoso. En anteriores ocasiones la había pateado, le molestaba que ganara su propio dinero. “Le decía que no servía para nada, que de gana busca trabajo si era una inútil”, cuenta su hermana.
En el caso de las tres mujeres cubanas también hubo violencia en el hogar. Por eso Lázara se separó de su pareja e intentó rehacer su vida junto con su hermana y su madre. Los primeros indicios detallan que las familiares trataron de defenderla de su exconviviente, pero en el forcejeo sufrieron heridas de cuchillo y machete.
El ensañamiento se detalla en los cortes en manos, brazos y perforaciones de órganos de las víctimas. Incluso hay tejidos destruidos, debido a que el atacante las incineró.
Luego de cometer este crimen, el agresor se suicidó clavándose un cuchillo en el vientre y lanzándose desde un segundo piso hacia la calle.
El suicidio de los autores es también un comportamiento que se repite. 11 exparejas han terminado con sus vidas, indica el Ministerio de Justicia.
El nivel de ensañamiento con el que las mujeres son asesinadas ha generado rechazo desde los colectivos feministas. Ayer, 18 de julio, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador comenzó la denominada Cruzada Nacional contra la Violencia a las Mujeres.
El objetivo es recolectar firmas para lograr que la asamblea tramite un proyecto de Ley Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencias. Este documento, de 19 páginas, ha sido elaborado desde el 2014 y han participado los familiares víctimas.
Allí se describen todas las formas de agresión que las mujeres padecen y se aborda los mecanismos de prevención. Uno de estos es la educación en escuelas, colegios y universidades. Pero también se advierte la necesidad de uniformar las estadísticas oficiales.
La Comisión Ecuménica de DD.HH., por ejemplo, registra 80 casos hasta el 22 de junio. Y advierte que detrás de las víctimas hay “agresiones extremas”: son estranguladas, decapitadas, mutiladas y agredidas sexualmente. O son maltratadas incluso después de morir.
Uno de los crímenes que no se incluyen en ese reporte es el de Mercy Mendoza, quien fue asesinada el pasado 7 de julio. Un vecino la encontró agonizando en el interior de su casa en Puerto López, en Manabí.
Su hijo de tres años estaba con ella y no quiso alejarse de su madre cuando fue llevada al centro de salud de este cantón. Pero debido a la gravedad de las heridas -16, sobre todo en el pecho- murió esa misma tarde. Tenía 27 años y tres niños.
Desde las instituciones del Estado, también se busca dar respuesta a este fenómeno. En el 2015 se crearon los llamados botones de pánicos para que la víctima alerte de un ataque a la Policía Comunitaria.
En abril pasado el Ministerio de Justicia anunció que destinaría 400 brazaletes electrónicos para las víctimas y los atacantes. Y en caso de que alguno se acerque se active una alerta. Hasta el momento, eso no se ha concretado.
El lunes se hicieron más propuestas: la primera es que los policías comunitarios visiten a las agredidas de forma periódica. Y, segundo, crear un plan de los más buscados por violencia de género. Es decir, pagar por información sobre los autores.
En contexto
La Asamblea aprobó, la semana pasada, una resolución para condenar la violencia contra la mujer. En ese documento se establece la necesidad de que se unifiquen las estadísticas de los casos. Además, pidieron crear un Sistema de Violencia de Género.
Solicitud de Rectificación del Ministerio del Interior