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La violencia de Guayaquil deja duras secuelas en familias de inocentes

Nueva Prosperina es el sector porteño con más asesinatos en lo que va del año. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Los pañuelos blancos se agitaron en Guayaquil y Esmeraldas. En las dos ciudades despidieron a Alex Quiñonez vestidos de este color que significa paz. Los amigos y familiares recuerdan que realizaron este homenaje para reflejar que el deportista fue una víctima colateral de la ola de inseguridad que vive el Puerto Principal.

Dos días después de su sepelio, en su familia hay dolor y angustia. Allegados a sus seres queridos relataron ayer (lunes 25 de octubre del 2021) que la madre de Quiñonez sufre episodios de depresión y ansiedad. Sus hermanos tampoco pueden dormir e incluso tienen pesadillas. Para sus hijos y su esposa no es fácil sobrellevar la pérdida repentina del atleta.

De allí que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha dispuesto que un grupo de especialistas atienda a todo el círculo familiar para realizar un acompañamiento y evitar que tenga periodos largos de postrauma.

Ese es el protocolo que el Estado activó en los últimos meses para tratar a las familias de víctimas que fallecieron o resultaron heridas en medios de balaceras o hechos violentos.

En Guayaquil en el último año se han registrado al menos 35 fallecidos y 40 heridos de forma colateral en ataques de sicarios o miembros de bandas delictivas.

Uno de los casos que conmocionó a la ciudad fue la muerte de Sebastián, un niño de 11 años, que murió en medio de una balacera protagonizada por una banda delictiva hace una semana. El pequeño recibió varios disparos cuando los desconocidos se enfrentaban a policías.

La familia del pequeño también padece de secuelas por este grave hecho. Su padre no borra de su mente cómo intentó reanimar a su hijo para que no falleciera.

El Comité por la Defensa de Derechos Humanos conoce estos casos. Sus directivos lamentan que en el último año decenas de personas han perdido la vida de forma colateral a la inseguridad.

En sus archivos hay casos de niños, mujeres, madres, estudiantes y personas de la tercera edad que han sido inocentes y murieron en manos de desconocidos o quedaron con graves secuelas físicas. Ese fue el caso de tres chicas que fueron heridas en medio de una balacera el pasado 10 de octubre. Las jóvenes estudiantes caminaban por el suburbio de Guayaquil cuando miembros de bandas se enfrentaron a tiros en plena vía pública.

Dos de ellas recibieron impactos de bala en el cuello y brazos. La tercera estudiante fue trasladada a una casa de salud tras recibir un disparo en la cabeza. Los médicos realizaron una cirugía de alto riesgo para salvar la vida de la joven. Su recuperación es lenta y costosa. Su familia ha solicitado ayuda a las autoridades.

La Policía tiene identificado que en la ciudad hay cuatro puntos más violentos. Nueva Prosperina lleva la delantera con más de 58 crímenes. Le siguen Portete Pascuales y Durán.

Quiñonez fue asesinado en el primero.

En este populoso barrio de la urbe la gente tiene miedo. Desde hace dos meses las madres prohibieron que los niños salgan a jugar en los parques, pues desde mayo se han registrado al menos 14 balaceras en espacios como callejones, calles, canchas y terrenos baldíos.

Incluso en las zonas comerciales, los dueños de los locales optaron por cerrar sus negocios temprano. Ayer cuatro comerciantes hablaron con este Diario y relataron que miembros de bandas delictivas cruzan en motos y carros con metralletas amenazando a la gente. “Aquí uno no está protegido. La Policía realiza operativos por donde los maleantes no andan. Dicen que toda la ciudad está militarizada y siguen matando a la gente”, señaló.

La Policía por su parte señala que los operativos antidelictivos se realizan de forma sistemática y coordinada. En lo que va del año han incautado más de 1000 armas.

Pero las muertes de personas por la violencia criminal no solo alcanzan a víctimas en las calles. En las cárceles también hay registros de presos que murieron en medio de los enfrentamientos de bandas pero que no hacían parte de estas.

Ese es el caso de un joven de 32 años que falleció en la Penitenciaria en la última masacre que dejó 118 muertos. Sus familiares fueron parte de las decenas de familias que recibieron ayuda psicológica por parte del Gobierno. Su madre contó ayer que su hijo estaba en el pabellón 8 hace apenas 15 días. La última vez que habló con él le contó que ahí había mucho pandillero y que tenía miedo. Una semana después lo reconoció en la morgue de la ciudad y lo sepultó en Monte Sinaí. Desde entonces sueña con él y llora por no poderlo ayudar. “Somos pobres. No tuvimos para pagar un buen abogado y que analizara su caso. Tengo mucho remordimiento”, señaló.

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