El femicidio o asesinato de una niña, adolescente o mujer por el hecho de serlo es una crisis global y regional. Ecuador no está libre.
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Violencia de género en Ecuador
En el país, desde 2014, cuando se tipificó el delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), hasta noviembre de 2024, se registraron 1 920 casos. Al menos, 1 817 menores quedaron en la orfandad. Así lo reporta Fundación Aldea.
La violencia de género, incluido el femicidio, además de la pena privativa de libertad, conlleva rubros económicos, entre multas y reparación integral.
Femicidio en Ecuador y las multas
Daniela Rosero, integrante de Aldea y Legatum, detalla que las multas en cuanto a contravenciones de violencia contra la mujer se especifican en el artículo 159 del COIP.
Esos rubros se determinan en concordancia con el artículo 70 del COIP. Entonces, en cuanto a contravenciones, el monto depende del grado de “gravedad” de la agresión.
Si en el examen médico de la víctima se determinan, por ejemplo, dos días de incapacidad, significa una pena privativa de libertad de 15 a 30 días y una multa del 25% de un salario básico unificado.
No obstante, la activista apunta a que las multas no se ejecutan. Lo propio, dice, pasa con las reparaciones económicas previstas en las sentencias por femicidios.
Por ejemplo, se ponen montos por 15 000 o 30 000, pero “no se ha visto ni un dólar de esta cantidad de plata”.
Ese panorama, justamente, es uno de los vacíos en los casos de las víctimas de violencia de género: la reparación.
Los destinos de los rubros
En lo que se refiere a los montos definidos como reparación integral, el dinero debe dirigirse directamente a las víctimas. En el caso de femicidio, a las familias. Los valores de las multas, en cambio, van al Estado.
Sin embargo, como indican desde la Fiscalía, en casos de femicidio se solicita la protección de algunas instituciones que son parte del sistema de la Ley de Erradicación de la Violencia a la Mujer.
En ese grupo están los Ministerios de Salud, Educación, Inclusión, entre otras entidades. La premisa es garantizar los derechos de las víctimas indirectas. En este caso, los hijos.
Claro que también se contempla reparación integral no material, de acuerdo con la acusación particular de las víctimas.
Tanya Torres, docente de Derecho, alerta que, usualmente, es complicado cobrar a los agresores.
Las sobrevivientes, además, no siempre optan por seguir el proceso legal, por las trabas que encuentran.
Torres indica que la Defensoría Pública trabaja en una reforma legal para que los defensores se encarguen no solo de llegar hasta las sentencia, sino de todo el procedimiento. Este incluye el cobro y, en general, el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por el juez.
La reparación aún falta
La Fundación Aldea y Unicef realizaron el estudio Esperando el verano: trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador.
Alexandra Escobar, oficial de Política Social de Unicef en Ecuador, detalla que el estudio deja claro que el femicidio no solo cobra las vidas de las mujeres, sino que deja deudas en las familias.
La investigación recoge información de 76 hogares en Ecuador con 151 a menores de edad. El levantamiento se hizo en este 2024, pero abarca casos desde 2014.
Entre los resultados se presentó que alrededor de 1 846 niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad. La mayor parte se encuentra en la Costa y le siguen la Sierra y la Amazonía.
Los cuidados se complican
Tras el femicidio, casi siete de cada 10 menores quedan bajo el cuidado y responsabilidad de una sola persona. Un 16% está a cargo de dos y un 3%, de tres.
De las familias encuestadas, casi la mitad (46%) de niñas, niños y adolescentes quedaron bajo el cuidado de las abuelas. Ellas cambian de rol y pasan a ser madres de sus nietos.
El 16% de los menores fueron separados de sus hermanos u otros familiares debido a que no podían cubrir las necesidades.
Los padres de los menores, cuando no son los femicidas, quedan al cuidado en el 8% de los
casos.
Las condiciones de los hogares
Más de la mitad de los hogares consultados cuentan con ingresos de una sola persona. En el 30% de las familias, dos personas aportan económicamente al hogar.
También existen tres familias en las cuales una sola persona cuenta con un trabajo de medio tiempo.
No se contó con información de cinco familias.
No obstante, que los rubros aporten a la economía de las familias aún es una odisea, empezando porque, en la mayoría de los casos, la sentencia tarda años o, simplemente, no llega.
Ese es el caso de las integrantes de la Fundación Madres Coraje, conformada en 2022 y consolidada jurídicamente en 2023. Gran parte de las 35 integrantes no han conseguido sentencia y, mucho menos, reparación integral.
Bono de orfandad
Algunas, incluso, han tenido que peregrinar por años para recibir el denominado Bono de Orfandad. Este va dirigido a menores que perdieron a sus madres como resultado de un femicidio.
Según el viceministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, el bono, con corte a noviembre de 2024, se entrega a 507.
No obstante, el funcionario, en una entrevista para Ecuadoradio, reconoció que son muchos más. “La hipótesis es que hay un subregistro”.
Recordó que el bono se activa tras una sentencia ejecutoriada o denuncia en instrucción fiscal.
Los detalles de los casos
De los 76 casos consultados en el estudio, el rango de edad con el mayor número de víctimas es el comprendido entre los 26 y 35 años, con un total de 32 víctimas.
De los 151 menores incluidos en la investigación, el mayor número tenía entre 6 y 10 años al momento del delito. Para 2024, algunos ya son adolescentes.
