25 de julio de 2018 00:00

Vínculos políticos pesan en las cesaciones

El abogado Julio César Trujillo, presidente del Consejo de participación ciudadana y control social Transitorio. Foto : Archivo EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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La falta de independencia de las entidades de control con la Función Ejecutiva es la causa que más ha utilizado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio para cesar autoridades a través de evaluaciones.

“Actuó a favor de intereses políticos particulares, antes que como garante de la estabilidad”, se lee, por ejemplo, en la resolución con la que se destituyó a Christian Cruz de la Superintendencia de Bancos.

Él ocupó cuatro cargos en el Ejecutivo (ver infografía adjunta) antes de recalar en la ‘Súper’, donde fue designado como el primer candidato del expresidente Rafael Correa.

Cruz impugnó ayer la cesación del Cpccs. En sus descargos ante el Cpccs, la semana pasada, dijo: “Sí, ocupé con orgullo esos cargos públicos. La gente de bien no tiene miedo a ser funcionario público”.

Hasta ahora, el Cpccs ha cesado a 11 funcionarios como resultado de las evaluaciones. Los equipos examinadores del Cpccs encontraron nexos políticos de las autoridades cesadas con el anterior Régimen, en al menos seis casos.

La falta de independencia se analiza en el primer parámetro de la evaluación, que se refiere a la legitimidad en el cargo. Se estudian, por ejemplo, los puestos que ocuparon los funcionarios antes de ser designados como autoridades.

A estos 11 cesados se suman otros tres. Carlos Ochoa (Supercom), por una sanción de la Contraloría. Patricio Rivera (Superintendencia de Economía), por una posesión tardía. Y Ramiro Rivadeneira (Defensoría del Pueblo), quien se negó a ser evaluado. Rivadeneira y Rivera también fueron parte del gobierno de Rafael Correa.


El Cpccs tiene 44 días para concluir las evaluaciones, según el plazo que se estableció en la consulta popular. Debe completarse el proceso en seis instituciones. Están, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y la Defensoría Pública.

Estas entidades engloban a unos 20 funcionarios que todavía esperan una resolución. De ellos, según el registro de declaraciones juradas de bienes de la Contraloría, 17 tuvieron cargos en el Ejecutivo antes de ser designados.

Por ejemplo, Fernando Cordero fue ministro de dos carteras y presidente del IESS antes de ubicarse en la ‘Súper’ de Ordenamiento Territorial. Sobre su desempeño, el Cpccs ya realiza un informe con un equipo multidisciplinario evaluador. Todavía no se conoce la fecha en la que se hará público este estudio.

Myriam Félix, integrante del Cpccs, aclara que el haber tenido cargos en el Régimen anterior no es por sí sola una causa de cesación. Añade que en el análisis se buscan decisiones o actuaciones que den cuenta de que las autoridades defendían intereses del Ejecutivo antes que de la sociedad.

A la falta de independencia se suman otras causales como las más recurrentes para la cesación en el Consejo de Participación transitorio. También se ha repetido el mal manejo de recursos públicos y el incumplimiento normativo.

La siguiente evaluación del Cpccs es la de Suad Manssur, titular de la Superintendencia de Compañías. Ella fue la delegada de Rafael Correa ante la junta bancaria antes de llegar a la entidad de control. A su proceso solo le faltan la lectura de la resolución y la impugnación.

Aunque ella asegura que este proceso es solo un trámite. Se siente ya fuera de su cargo. “Ustedes no van a evaluarme, van a condenarme”, les dijo a los integrantes del Cpccs.

El Pleno del Transitorio sesionará la próxima semana para estudiar las impugnaciones del ‘Súper’ de Bancos y el CNE a las cesaciones.

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