El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), pidió a la Fiscalía General del Estado “investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financian el paro” contra el Gobierno de Guillermo Lasso.
El legislador requirió que se investigue presunta rebelión. Lo hizo, a través de una “noticia criminis”, con fecha del miércoles 22 de junio. Se trata de un delito sancionado con una pena de cárcel de siete a 10 años, según el art. 336 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además solicitó que se inicien acciones por instigación, terrorismo y financiación del terrorismo, y se determinen autores y cómplices en este presunto hecho delictivo.
Para ello se basa en estos hechos:
- Ataque a la tubería de agua potable en Pinsaquí, provocando desabastecimiento en la parroquia San Antonio, en Imbabura.
- Intento de corte del servicio de energía eléctrica en San Antonio Ante, en Imbabura.
- Incendio de un patrullero policial a las afueras de la Unidad de Flagrancia, en Quito.
- Disturbios en el norte de Quito: policías fueron retenidos por varias horas y una ambulancia bloqueada.
- Uso de armas de fuego por parte de manifestantes.
- Contaminación con hidrocarburos a una fuente de agua potable de Ambato, Tungurahua.
- Vandalismo en la Universidad Católica de Quito.
- Uso de tanques de gas comprimido como potenciales explosivos en el sector de Chaupi Molino, en Pifo, Pichincha.
- Actos de vandalismo que culminaron con la quema de una Unidad de Policía Comunitaria y de vehículos policiales en Puyo, Pastaza.
“Señora Fiscal, por lo expuesto y en virtud de que la democracia en el Ecuador y el Estado de derecho están en riesgo, solicito que su autoridad, en el marco de sus competencias, determine quiénes son los que financian los actos vandálicos de las protestas de junio 2022 e instigan el cometimiento de actos delictivos”, señala Villavicencio en el oficio.