Fernando Villavicencio (centro) llegó al Tribunal Contencioso Electoral con simpatizantes de la alianza Creo-SUMA y presentó una apelación a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no dar paso a su candidatura. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO
Las consignas en favor de Fernando Villavicencio y en contra del Gobierno Nacional se escucharon en la entrada del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el norte de Quito. A este organismo llegó el exsindicalista con simpatizantes de la alianza Creo-SUMA. Presentó una apelación a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no dar paso a su candidatura.
Villavicencio señaló, la mañana del martes 22 de noviembre, que el impedimento para que pueda participar como asambleísta por Pichincha fue una decisión política. Supuestamente por las denuncias sobre corrupción que ha hecho.
En caso de que el Tribunal niegue su recurso, el sindicalista adelantó que irá a organismos internacionales para denunciar su caso. Junto a él estuvo César Monge, director nacional de Creo, quien puso en tela de duda la imparcialidad del TCE.
Mostró, en grandes carteles, mensajes de la cuenta de Twitter de una de las juezas del Tribunal donde se veía publicaciones que él interpretó como de apoyo al binomio por Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glas. “Los vamos a desenmascarar”, advirtió.
Carlos Padrón, procurador común de la alianza Creo-SUMA, dijo que el TCE tiene siete días para resolver el pedido. “Nos ratificamos en la impugnación. Insistimos en la falta de motivación de los actos jurídicos tanto de la junta electoral provincial de Pichincha como del CNE”.
Recordó que Fernando Villavicencio cuenta con la autorización de Pachakutik para ser candidato de Creo-SUMA. Se trata de un documento firmado por el coordinador nacional Marlon Santi.
En la resolución de la Junta Electoral de Pichincha N° 05-16-11-2016-CNE-DPP-JUR se señala que Villavicencio no puede inscribir la candidatura porque falta al artículo 336 de la Ley Electoral. Ahí se hace referencia a que las personas no podrán oficializar la postulación como candidatos de otras organizaciones políticas locales, a menos que hubiesen renunciado con noventa días de anticipación. Esta decisión fue aceptada por el Pleno del CNE.