16 de septiembre de 2019 00:00

Las víctimas de violación en Ecuador pelean por una sentencia

Evelyn fue agredida sexualmente después de abordar un taxi, en el norte de Quito. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

Evelyn fue agredida sexualmente después de abordar un taxi, en el norte de Quito. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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Jéssica tenía un cuchillo en su cuello mientras era agredida sexualmente por dos hombres. Recuerda cada detalle de ese 8 de enero del 2015. Se encontraba en Esmeraldas con un compañero de trabajo. Salieron a comprar comida y en la calle fueron interceptados por dos personas.

Les quitaron sus celulares y con amenazas los llevaron a una casa abandonada. Allí fue atacada. Para ella es una imagen difícil de olvidar. Después de cinco años de haber presentado la denuncia en la Fiscalía, el caso no ha pasado de la primera fase de la investigación.

Igual ocurre con otros 16 214 expedientes (60,9% de todas las quejas judiciales). En cada uno hay dramáticos relatos.

Cristina fue atacada sexualmente por un familiar y un amigo. Solo tenía 12 años. La amenazaron con lastimar a su familia si los denunciaba. El hecho ocurrió en Yaguachi, Guayas, en septiembre de 2018.

Tres meses después, la menor le contó a su madre todo lo ocurrido y denunciaron, pero no han visto resultados. Cuando consultan sobre el proceso, la respuesta es la misma: continuamos investigando. La causa está en fase reservada.

Las oficinas judiciales están abarrotadas. Una fiscal de género dice que en su despacho tiene 7 000 investigaciones pendientes sobre delitos sexuales y que cada mes le llegan 40 casos más. “Ahora las personas denuncian más”.

En el caso de Cristina, los sospechosos se fugaron y hasta ahora no se les formula cargos.

Otra fiscal dice que por la sobrecarga de trabajo no ha podido revisar ni las carpetas que ingresaron hace dos años.

Jéssica dice que en su caso tampoco hay procesados. En junio del año pasado recién le llamaron a rendir su versión y hasta el momento no ha recibido una nueva notificación.

La Fiscalía sostiene que los procesos se demoran porque no existen los suficientes agentes especializados para atender ese tipo de delitos. Actualmente, en Pichincha hay 17 investigadores dedicados a temas de género. La entidad asegura que se necesita el doble.

En el 2016, Jéssica hizo conocer su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentó una demanda en contra del Estado ecuatoriano. Lo acusó por “falta de acceso a la justicia”.

Hay otros casos en los que pese a tener avances en las investigaciones no se puede juzgar y sancionar a los procesados, pues estos se fugaron y se desconoce su paradero.

Por ejemplo, el pasado 11 de marzo se realizó una audiencia en la Casa de Justicia de Carcelén. En esta diligencia, un magistrado llamó a juicio al sospechoso de la violación de Evelyn, pero el juzgamiento quedó suspendido, porque el hombre se encuentra prófugo.

El Código Integral Penal (art. 560) establece que no se puede juzgar en ausencia y que es necesario que el acusado sea detenido o se presente ante la justicia voluntariamente.

En septiembre del 2018, la víctima fue atacada dentro de un taxi que había abordado para dirigirse a la universidad. El conductor la amenazó con un cuchillo y la trasladó a un motel en el sector de Carcelén Industrial, en el norte de Quito. Allí la agredió sexualmente.

Actualmente, el procesado está en la lista de los Más Buscados del país y hay una difusión roja de la Interpol (Policía Internacional) para su localización y captura.

Evelyn ha difundido a través de redes sociales la imagen de su agresor para encontrarlo.

En la Fiscalía reposan desde hace cinco años, 905 expedientes que están en la fase de llamamiento a juicio.

Hay casos en los que se espera que se fije hora y fecha para la audiencia de juzgamiento y otros en los que el procesado está prófugo de la justicia.

El agresor de Nicole tampoco aparece. El ataque ocurrió en abril del 2018. En ese entonces, ella tenía 15 años. Se subió al taxi y fue llevada a un motel.
Igual que con el proceso de Evelyn, el juicio impulsado por la Fiscalía y la familia de la menor está suspendido hasta que el hombre sea capturado.

En el informe para segundo debate de las reformas al Código Penal, una de las propuestas es que en los casos de violencia sexual contra menores y personas con discapacidad se pueda juzgar en ausencia de los procesados.

Hay tres propuestas más de legisladores, relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad. La Asamblea decidirá hasta este miércoles 18 de septiembre del 2019 la aprobación de estos cambios a la norma penal.

Por ejemplo, Catalina es una niña de seis años que fue violada por dos familiares. Los ataques ocurrieron en marzo del 2018, en Puerto Quito, Pichincha. Tras un chequeo médico se descubrió que la menor contrajo una enfermedad de transmisión sexual.

Uno de los sospechosos fue sentenciado a 22 años de cárcel y el otro está prófugo y no ha recibido una sanción.

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