19 de agosto de 2018 00:00

Víctimas de accidentes afrontan lesiones y juicios durante años

José Herrera, Leonor Solá y Santiago Herrera miran el retrato de Rafael Herrera. Foto: Julio Estrella.

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Redacción El Comercio
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El paisaje de árboles secos a lo largo de la vía Paján–Jipijapa, en Manabí, se desvaneció tras un estruendo. Cuando Dayse Orrala Chávez despertó las imágenes eran aterradoras: los pasajeros esparcidos en la carretera. Unos pedían ayuda y trataban de incorporarse, otros yacían sin signos vitales, como su esposo y su mamá. Aquel 24 de marzo pasado, 12 personas murieron y 18 resultaron lesionadas.

Cinco meses después,Dayse, de 35 años, aún padece las secuelas del incidente y el trámite legal está estancado. En su domicilio, en El Fortín, en Guayaquil, la mujer vive postrada en una cama. Sufrió fracturas múltiples en el fémur y rodilla izquierda, así como la rotura de los ligamentos y tendones de esa extremidad.

En ese viaje también estaban sus dos hijos. El primero perdió el 30% del hígado y su otro hijo salió ileso. “La vida se nos destrozó ese día. Perdí a mis pilares, mi esposo y mi madre; si no fuera por familiares, no tendría quién me ayude”.

Del proceso penal, solo conoce que el conductor de la cooperativa Rutas Portovejenses es investigado por homicidio y que huyó. Dayse dice que la Fiscalía de Manabí, donde está el caso, no la llamó para dar su versión.

Tampoco tiene dinero ni forma de trasladarse a esa provincia. Desde su cama, lo único que puede hacer es llamar por teléfono para averiguar sobre el caso.

En el Suburbio de Guayaquil, la lucha de Omayra Alarcón para exigir justicia recién comienza. Ella perdió a su primogénito de 14 años el pasado 12 de agosto, cuando el bus en el que viajaba se volcó en la vía Cajas-Molleturo.

En el colectivo iba también su hijo menor. Los chicos retornaban de Cuenca luego de ver un partido de fútbol de su equipo, Barcelona S.C.

Ahora, la madre sabe que el bus fue alquilado y viajaban 45 hinchas. 12 fallecieron y 33 quedaron heridos. En este último grupo está su segundo hijo, quien continúa hospitalizado en una clínica de Cuenca.

La mujer dice que no tiene cabeza para impulsar el juicio contra el conductor. Su prioridad ahora es la recuperación del pequeño, quien presenta fracturas en el brazo, piernas y una costilla que compromete su pulmón; por eso no puede ser trasladado a Guayaquil.

Soy una mujer de escasos recursos. Tengo un embarazo riesgoso y aun así debo viajar a ver a mi niño”. En su casa, tiene un altar con un cuadro de Jesús, una fotografía de su hijo fallecido, la Biblia y dos velas.

La próxima la semana espera reunirse con las familias de los demás hinchas y con el presidente del Barcelona S.C., para ver si harán una demanda colectiva o individual. Y así obtener una condena para el chofer.

El Código Penal establece que la Fiscalía debe activar de oficio y rápidamente las investigaciones de accidentes de tránsito, incluso si las víctimas no presentan una denuncia.

Para el quiteño Rodrigo Auz, esta premisa que se determina en el artículo 441 de la ley penal, no se cumple. Han pasado 11 meses desde el accidente de bus que sufrió su hijo Eddy y el caso sigue sin sentencia.

Su pesadilla empezó el 24 de septiembre del 2017. Su hijo se trasladaba de Quito a Ibarra para realizar su internado en el Hospital San Vicente de Ibarra. En medio del trayecto, el bus de la cooperativa San Gabriel se volcó. 14 murieron.

Desde el incidente, su hijo, que aspiraba ser médico, ha perdido el 70% de la musculatura del brazo derecho, debido a fracturas. Además, su rostro y cabeza se vieron afectados.

Tras el suceso, el padre se planteó dos objetivos: obtener justicia y lograr la recuperación de su hijo. Rodrigo recuerda que incluso en silla de ruedas, con los sueros y medicamentos, su hijo asistía a la Fiscalía y a los juzgados de Otavalo, donde se lleva el caso.

En la primera audiencia, la familia presentó facturas por USD 50 000. “La Fiscalía nos dijo que los documentos estaban deteriorados y que solo nos devolverían USD 8 000”.

El padre tuvo que vender sus propiedades para realizar las cirugías para reconstruir el brazo de su hijo. Dice que hasta ahora ha gastado USD 85 000 y no ha recibido ninguna compensación de parte del Estado.

El mismo sentimiento de que la justicia no ha hecho su trabajo tiene Leonor Solá. Su esposo Rafael Herrera falleció el 7 de marzo del 2017, en un bus de la cooperativa Flor del Valle, en Guayllabamba. En este incidente otras siete personas perdieron la vida.

Después del entierro, la mujer reconoce que no podía pensar en nada más que en el dolor. Tuvo que entregar un poder a su papá para que siguiera la demanda e impulsara la indagación. “Esta parte de la investigación no debe durar más de tres meses. Sin embargo, vamos un año y seis meses, y no pasamos de allí”, critica.

La mujer cuenta que hace dos semanas recibió la llamada de su abogado, ahí se enteró de que el caso está a punto de ser archivado. “El fiscal permitió que el dueño del autobús y de la cooperativa no entren en el proceso, echándole toda la culpa al conductor”.

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