Es indudable, y hay que reconocerlo, que gran parte del sistema vial del país ha mejorado sustancialmente por la enorme e inédita inversión que ha hecho esta administración. Las carreteras se encuentran en muy buen estado. Los sueños de décadas de los pueblos se cumplieron. Los puentes en Esmeraldas y en Bahía de Caráquez constituyen ejemplos de la reciente obra pública. Las vías en la Región Amazónica quedaron de primer orden y así en gran parte del territorio nacional. Manabí, el Austro, centro del país, para citar unos casos. Otras están en ejecución.
Luego de este hecho destacado existen tareas pendientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los organismos seccionales y de manera especial los consejos provinciales en la señalización y el mantenimiento de las vías, la planificación y control en las carreteras. Esta enorme obra si no se mantiene permanentemente se va a deteriorar y destruir.
El Ministerio por ley es el responsable de dictar las políticas, expedir los planes nacionales, supervisar su cumplimiento y mantener en buen estado las vías. Mejorar la deteriorada señalización, que constituye un peligro para los conductores. Lastimosamente, en esto hay que señalar la ineficiencia administrativa en la ejecución directa o la coordinación con organismos seccionales. Hay obras que siguen en pésimo estado desde hace años y no hay manera de mejorar. En el caso de Quito y Pichincha, la vía que conecta a Imbabura por la zona de El Quinche. Existen parterres muy mal ubicados entre Yaruquí y El Quinche que no han sido rectificados y que constituyen un peligro, especialmente en la noche o cuando hay neblina. Los accidentes en este sector han cobrado víctimas y no termina de corregirse hasta ahora, pese a las reiteradas promesas de las autoridades nacionales, de la provincia y de Quito.
Los peligros en la autopista Rumiñahui, a cargo del Consejo Provincial. El deterioro es sustancial. Los huecos proliferan, especialmente en las vías de acceso a la autopista, más aun cuando se paga peaje. Ni siquiera han podido arreglar el tema de las tarjetas del telepeaje y en ventas ofrecen recién para enero próximo. Más de seis meses sin el producto. La desaparición de los bordillos sigue siendo un peligro. Esta situación contrasta con el sistema concesionado al sector privado, que también cuesta pero se mantiene en buen estado, con servicios permanentes y avances en los tramos de ampliación hacia Ibarra y Latacunga.
A este descuido y desidia del sector público se suma la ineficiencia de la Comisión de Transporte Terrestre, que por ley está llamada a regular, controlar, supervisar y sancionar a las operadoras del transporte terrestre y contribuir en el tránsito y la seguridad vial.