23 de octubre de 2017 00:00

La vía para elegir al Consejo Transitorio entra en debate

El miércoles último, la Corte Constitucional  hizo el sorteo del juez para el análisis de la consulta popular. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

El miércoles último, la Corte Constitucional hizo el sorteo del juez para el análisis de la consulta popular. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

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Mario Alexis González

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La conformación del Consejo Transitorio incluida en la consulta popular se volvió un tema de debate en la sociedad civil. El presidente Lenín Moreno propuso que se integrara con base en ternas enviadas por él, a la Asamblea.

Sin embargo, organizaciones como la Unidad Popular, Ecuarrunari y Participación Ciudadana, alertan que nuevamente se podría poner en juego la independencia del organismo. Esto porque se dejaría en manos de una sola persona, y su buen juicio, la moción.

De ahí que Carlos Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, propone que ese Consejo provenga de ternas que sean enviadas por la sociedad civil, los pueblos y las nacionalidades indígenas.

En esto coincide Geovanny Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Cree que la Academia y los gremios podrían hacer sus propuestas de nombres. Así, el Presidente no perdería su potestad, pero sería más representativa la selección si se permite la participación de los colectivos.

El Gobierno está abierto a esa idea. La vicepresidenta encargada y ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, calificó estas propuestas como una “excelente idea”. A ella se le encargó coordinar la consulta popular.

“Siempre estamos abiertos al diálogo, el presidente Lenín Moreno tomará este y otros planteamientos propuestos desde la sociedad civil, desde las distintas organizaciones con absoluto compromiso y responsabilidad. Eso será una decisión del Presidente,
pero seguramente la tomará en cuenta”, explicó.

Wilma Andrade, directora de Izquierda Democrática y asambleísta, menciona que el mecanismo propuesto por Moreno para el Consejo transitorio es “el único disponible”. Y -dice- dadas las acciones del Mandatario al inicio de la gestión, la ciudadanía tiene confianza en que la designación de personas será transparente.

La tercera pregunta de la consulta popular plantea, además del cese de los actuales integrantes del Cpccs, que los nuevos miembros sean elegidos en una votación popular.

Y que hasta que esos comicios se realicen, las funciones del Consejo las asuma una instancia transitoria. Este organismo tendrá la potestad de evaluar a las actuales autoridades y, con base en los resultados, hasta destituirlas.

Jorge Benavides, docente de derecho constitucional de la Universidad de las Américas, explica que la figura de un Consejo transitorio no se contempla en la Constitución ni en ninguna ley. Y que para instalarlo se requiere una reforma parcial de la Constitución.

Para llevar a cabo este proceso, se necesitaría plantear un proyecto de enmiendas a través de la Asamblea. Y luego someter los cambios propuestos a un referendo.

La idea de las ternas presidenciales no es solo del Ejecutivo. El Frente Unitario de Trabajadores y la Comisión Anticorrupción propusieron el mismo mecanismo, en el proceso de recolección de preguntas que hizo la Presidencia.

Para Ruth Hidalgo, de Participación Ciudadana y la Mesa de Convergencia, el reto no está en el mecanismo de selección de la instancia transitoria, sino en lograr una independencia real del poder político.

El proceso

La calificación de las siete preguntas está en manos de la Corte Constitucional. Ese organismo puede objetar el contenido y, eventualmente, devolverlo al Ejecutivo, para que haga un ajuste. Se tramitan en dos proceso. Por tanto se requiere de dos jueces.

Tatiana Ordeñana tiene hasta el 28 de octubre para elaborar un informe de constitucionalidad de cinco de las siete preguntas propuestas; las que pretenden una enmienda constitucional y entre las que se encuentra la relacionada al Consejo de Participación Ciudadana.

Luego, el Pleno de la CC tendrá 10 días más para analizar ese informe y aprobarlo. Si se encuentran objeciones al contenido, el caso volverá al Ejecutivo para su revisión. Y si se aprueba totalmente las preguntas, se deberán enviar al Consejo Nacional Electoral.

Los tiempos previstos podrían alterarse por las otras dos preguntas sobre la ley de plusvalía y el parque nacional Yasuní. El sorteo de esta causa no se ha hecho porque en medio del proceso, a la Corte llegó un pedido de ampliación y aclaración.

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