23 de septiembre de 2018 00:00

Veto presidencial tendrá efectos a futuro

Paúl Granda, secretario político, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, Y Johana Pesántez, secretaria Jurídica, en la entrega de la Ley de Extinción de Dominio.

Paúl Granda, secretario político, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, Y Johana Pesántez, secretaria Jurídica, en la entrega de la Ley de Extinción de Dominio. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

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Mario Alexis González
Redactor (I)

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Sorpresa. Esa palabra resume lo que se sintió en la Asamblea Nacional cuando -a través de una cadena nacional- el presidente Lenín Moreno anunció el veto total a la Ley Anticorrupción.

Esa norma había sido aprobada por unanimidad en el Legislativo, incluso con los votos oficialistas y de sus aliados.

El presidente Moreno ha enviado nueve proyectos de ley a la Asamblea desde que se posesionó en mayo del 2017. Seis ya se aprobaron. Tres están en debate, incluyendo el de la Ley Anticorrupción que ya fue calificado por el Consejo de Administración.

Este este fue el segundo veto total que Moreno envió en 16 meses. El primero fue a un proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa, que aprobó la Asamblea pasada.

Cada lunes, el secretario de la Política, Paúl Granda, se reú­ne con los legisladores gobiernistas. Evalúan las leyes que están en trámite, las que están próximas a presentarse y la forma en que votarán.

César Litardo, parte de esa bancada, recuerda que cuando analizaron esa ley el Gobierno estuvo de acuerdo con apoyar la iniciativa. Pero de ahí al día del veto, algo cambió. Este Diario intentó abordar el tema con Granda, pero no fue posible por problemas de agenda.

Sin embargo, la secretaria jurídica, Johana Pesántez, indicó que el veto presidencial tiene un trasfondo técnico, ya que hubo varias iniciativas legislativas que se incluyeron en un solo proyecto con artículos que se oponían entre sí.

“En el momento de la construcción de la ley -dijo Pesántez- existieron varios procesos que fueron concretados en un solo proyecto. Estos tienen distintos objetos y no se los llega a coordinar. Eso es lo que ocurrió, porque había artículos que llegaban a una antinomia uno con otro y sobre todo había ciertas características de la técnica jurídica, de la teoría del delito, que no permitían llegar al objetivo que se buscaba”.

Aun así, Luis Fernando Torres (PSC) denunció que el artículo 4 del proyecto presidencial “se incorpora textualmente lo que consta en el artículo 3 de la ley anticorrupción aprobada por unanimidad en la Asamblea. Si estaba tan mal la ley anticorrupción, ¿por qué copiaron el artículo 3?”.

Litardo cree que la variación se debe a la coyuntura. Por los casos de corrupción que se han desatado -infiere- el Ejecutivo consideró que se necesitaba un proyecto más fuerte.

Guillermo Celi, coordinador de SUMA, cree que el Gobierno cedió a la presión, ya que antes del veto, el exasambleísta César Montúfar propagó la idea de que con la aprobación de esa ley se beneficiaría a Jorge Glas (sentenciado por el caso Odebrecht), con ajustes al tipo penal de asociación ilícita. Algo que las bancadas legislativas descartan.

Henry Cucalón, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), recuerda se pudo enviar un veto parcial. “El Presidente tiene la facultad (del veto), no está en discusión. Lo que es criticable es la forma”, dice. Cucalón cree que detrás de la objeción hay un objetivo: “abanderarse de la lucha anticorrupción”.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, también dijo que “hay incomodidad” con el veto total. “Si es que había preocupaciones por parte del Ejecutivo se pudo plantear un veto parcial”.

Los vetos parciales han sido la forma de moverse por parte del Ejecutivo. En lo relacionado con leyes en este período legislativo, Moreno tuvo participación en 13 de las 18 que ya están en vigencia. En ocho casos envió vetos parciales.

Ahora, la pregunta es si esta acción del Gobierno afectará a la relación de gobernabilidad con la Asamblea, que hasta ahora ha sido positiva, con el ‘correísmo’ como el único sector de entera oposición. Y con las otras bancadas, aparte de AP, fluctuando en dependencia de los temas para hacer las llamadas mayorías móviles.

El exasambleísta Fernando Bustamante cree que esta acción afectará la relación Ejecutivo- Legislativo, ya que la confianza “queda resentida”. Aclara que los efectos no se verán en el tratamiento de la ley anticorrupción -ya que es difícil oponerse en este tema- pero se reflejará en temas futuros.

Para José Luis Fuentes, analista político y catedrático de la PUCE, con el veto total el Ejecutivo actuó estratégicamente para mantener la iniciativa política contra la corrupción, pero cree que la relación a futuro con la Asamblea dependerá de las prioridades de los legisladores.

Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas de la UDLA, considera que para evitar estos problemas se debería iniciar el debate con un una ley tipo anticorrupción de la ONU.

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