Venezuela: contra opositores

Fue detenido por varias horas Guillermo Zuloaga, propietario del canal de 24 horas de información Globovisión, de línea editorial opositora, y Oswaldo Álvarez Paz, un político opositor acusado de difamar instituciones del Estado.

Zuloaga, a quien se le prohibió salir del país, y Álvarez Paz, recluido en una celda de la policía política (Sebin), serán procesados a raíz de que parlamentarios oficialistas los acusaron ante la fiscalía de mentir y ofender al presidente Hugo Chávez en declaraciones recogidas por la televisión.

"¿Qué está permitido decir acerca del país y su presidente?", cuestionó la organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en Francia, en una declaración de alarma ante las decisiones de los poderes públicos que "suscitan inquietudes en cuanto al futuro de la libertad de expresión en Venezuela".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó las detenciones de Zuloaga y Álvarez Paz y expresó su "grave preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela".

Cuando abordaba su avión para visitar Ecuador el viernes, Chávez declaro que "en Venezuela hay respeto por los poderes, pero tiene que llegar a su fin la impunidad. Antes los burgueses difamaban, irrespetaban, daban golpes de Estado y masacraron a un pueblo, pero ahora hay un Estado soberano que toma decisiones".

"¿Qué nos critican? ¿Que los órganos del Estado estén funcionando? Bienvenido el veneno de la canalla, significa que vamos bien. Aquí hay hasta diputados que se creen con derecho a escupir mujeres, pero el que viole la ley tiene que responder ante el Estado", agregó el mandatario.

El gobierno "pretende que la oposición se aparte de la ruta democrática, pero no lo van a lograr e iremos a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre" próximo, comentó a IPS el dirigente del partido Primero Justicia, Julio Borges. Las decisiones contra los opositores "son parte de una estrategia para sembrar miedo, por parte de un gobierno acorralado por la pérdida de apoyo popular", agregó. El artículo 40 de esa ley prevé prisión de seis a 18 meses para quien "mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas (bofetadas), empujones, aun sin causarle lesión que afecte su integridad física".

La diputada disidente Pastora Medina insistió en que "el gobierno ha tomado el camino de reprimir la disidencia para sembrar miedo", y cuestionó los alegatos en defensa de la mujer hechos por parlamentarios oficialistas, aseverando que "trabajadoras de esta Asamblea, y yo misma hemos padecido un trato vejatorio y humillante".

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