Ha sido una larga y tensa década en la búsqueda de controlar, desde el poder político, los contenidos de los medios de comunicación en Venezuela; el último episodio es hoy la Internet.
Los discursos ofensivos e insultantes en las cadenas fueron la primera pieza, seguida por la apropiación paulatina de espacios en los medios, emisoras de radio y canales de televisión.
El cierre de Radio Caracas Televisión exaltó la protesta, que tuvo otro punto culminante a raíz de la publicación de una foto, dura por cierto, que exasperó al poder. Se trataba de cadáveres en la morgue, una muestra de la realidad de violencia y crimen que sacude a Venezuela desde hace mucho tiempo y que va in crescendo sin solución.
Un último episodio vuelve a incendiar la pradera cuando Globovisión, un canal privado, tiene en su paquete accionario y en el Directorio a representantes gubernamentales. Son algunos de los pasos que en el control de los contenidos mediáticos ha dado el adalid de la revolución del siglo XXI y que muchos de sus admiradores han imitado por todo el continente. Con ello se ha lastimado gravemente un principio esencial y permanente de la vida en democracia: la libre circulación de las ideas y su expresión por los medios de comunicación de forma plural.
Ahora el Gobierno, en vísperas de perder su mayoría parlamentaria que se renovará en enero, busca pasar el proyecto de ‘ley resorte’, que intenta controlar la Internet. Con el pretexto de vigilar las páginas de sexo y violencia, que ciertamente proliferan, se corre el riesgo de que pase una idea que el propio Gobierno propugna: “Restringir mensajes que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o alterar el orden público”.
Si pasa esa ley, será otro golpe a la libertad de expresión.