Andrea Flores, gerente del Metro, ante cuestionamientos señaló que la decisión del Directorio se motivó conforme lo dispone la normativa. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La discusión sobre el modelo de gestión del Metro de Quito volvió al Concejo Metropolitano. La mañana de hoy, martes 4 de mayo del 2021, la veeduría ciudadana que conformó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) hizo cuestionamientos.
Por pedido de la concejala Andrea Hidalgo, en la sesión ordinaria de hoy se escuchó en comisión a David Dávalos, coordinador de la veeduría para seguir el proceso relacionado con la puesta en marcha del Metro.
En su primer informe, esa instancia señala cinco conclusiones.
La primera es que la Empresa Metro de Quito, además de los justificativos presentados, debió incluir la razón técnica “como parte primordial del análisis para tomar la decisión del modelo de gestión”.
La segunda tiene que ver con el presupuesto que se requeriría para la implementación de la asistencia técnica internacional. Dávalos mencionó que Metro de Quito ha presentado cifras diferentes en fechas distintas.
Para sustentar el cuestionamiento, indicó que en una sesión del Directorio de la Empresa se mencionó que el costo de operación por tres años y medio es de USD 158 millones. Sin embargo, en una comparecencia ante el Concejo, el 5 de abril pasado, el costo total del modelo de gestión sobrepasaba los USD 202 millones.
En tercer lugar, se cuestiona el que el tiempo haya sido uno de los determinantes para optar por la asistencia técnica. Dijo que ese argumento tiene que ver más con un cumplimiento de orden político. El informe señala que la contratación de la operación del Metro se puede hacer tanto en Régimen Especial como en Régimen Común.
Como una cuarta conclusión, Dávalos mencionó que la empresa municipal debería hacer un alto para analizar toda la información que la llevó a optar por la asistencia técnica.
En quinto lugar, según la veeduría, hay dudas sobre la sostenibilidad de la operación. Esto por los flujos de caja que debe garantizar el Municipio; además de la inexperiencia y la intención de incluir en nómina a 600 trabajadores.
Esa instancia ciudadana insistió en que el Metro puede convertirse en un botín político cuyo interés sea el manejar los contratos. Por eso, según Dávalos, es importante blindar todos los procesos.
Ante los cuestionamientos, Andrea Flores, gerente del Metro, señaló que la decisión del Directorio se motivó conforme lo dispone la normativa. Dijo que hay informes técnicos, jurídicos y de costos.
También rechazó la afirmación de que se haya tomado con ligereza las decisiones. Recordó que hubo reuniones con los especialistas de los bancos multilaterales y con operadores de otros metros.
Respecto al tiempo, mencionó que el aplazamiento de la operación comercial tendría afectaciones al proyecto. Añadió que es un juicio subjetivo el que la veeduría cuestione el factor tiempo cuando hay un informe técnico.
Flores reiteró que el Banco Mundial, CAF, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Europeo de Inversiones, calificaron a la elección del modelo de gestión como un hito para el Metro.
Al interior del Concejo, ediles como Juan Manuel Carrión y Mónica Sandoval plantearon que era necesario ahondar en la transparencia del proceso. Por su parte, el alcalde Jorge Yunda dijo que está abierto a tratar el tema en la sesión del Directorio.