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Siete veedores del colectivo Víctimas del 30S acompañarán examen especial de Contraloría

Reconstrucción de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30-S). Foto: Alfredo Lagla / Archivo EL COMERCIO

Reconstrucción de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30-S). Foto: Alfredo Lagla / Archivo EL COMERCIO

Reconstrucción de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30-S). Foto: Alfredo Lagla / Archivo EL COMERCIO

El colectivo de víctimas de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, en su mayoría integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía que fueron procesados por esos hechos, acudió hoy, 27 de agosto del 2018, a la Contraloría General del Estado.

Lo hizo para la posesión de siete de sus integrantes como veedores del examen especial que realizará ese organismo de control a la utilización de fondos públicos en el anterior Gobierno para posicionar a la revuelta como un intento de Golpe de Estado, entre 2011 y 2016.

Quienes acompañarán a los auditores de la Contraloría serán: Óscar Ayerve, Gerardo Zapata, Francisco Guzmán, Humberto Chichambe, Ricardo Rengifo, Patricio Simancas y Patricia Santillán. Ellos fueron posesionados esta mañana.

Ayerve, quien encabeza el grupo, manifestó que la auditoría incluirá los gastos de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) y medios públicos que fueron utilizados para la difusión de una campaña comunicacional sobre el tema.

Además de revisar los fondos que se destinaron a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y a la Comisión especial que se conformó para investigar los hechos.

También pidieron que la Contraloría actúe para la condonación de las glosas que les fueron impuestas a militares y policías por paralización de servicios públicos. Según sus cuentas, los valores suman un millón de dólares y más de 300 personas las afectadas.

Para el acto de posesión no se permitió el ingreso de periodistas, pero a inicios de este mes el contralor subrogante, Pablo Celi, señaló que el trabajo de este organismo se ajustará a los principios de “verdad y justicia”.

A la Contraloría también acudió Pablo Guerrero, quien en su momento afrontó un proceso judicial por haber irrumpido en las instalaciones del canal estatal EcuadorTv el día de la revuelta, y estuvo asilado en República Checa.

En su caso, requiere que se investiguen los fondos que destinó el Estado para el pago de honorarios a abogados para los procesos judiciales relacionados con la revuelta.