Los adultos mayores del Centro Más Vida reciben cobertura de medicina prepagada en casos de emergencia. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La respuesta que recibían era casi la misma en las oficinas de las empresas de medicina prepagada. “¿Tiene más de 65 años? Nuestra cobertura no alcanza a los adultos mayores”.
Mercedes M., de 81 años, buscaba una firma que cubriera sus problemas de tiroides, lumbalgia y de estómago, pero siempre le contestaban que por su edad no podían ayudarla. Tras cinco años de búsqueda, consiguió una compañía que daba esos servicios.
El presidente Rafael Correa cuenta con 30 días para vetar o aprobar el proyecto de ley que regula a las firmas de medicina prepagada, aprobado en segundo debate del Pleno de la Asamblea, el 11 de agosto.
Según un grupo de legisladores de la Comisión de Salud, que analizó la propuesta, la cobertura para personas de 65 años en adelante es una de las prioridades.
Pamela Falconí, de Alianza País, impulsó el proyecto. Dice que lo que se busca es evitar que se niegue la compra, acceso a planes y cobertura a los adultos mayores, quienes son considerados de doble siniestralidad. El oficialista William Garzón, presidente de la Mesa, precisó que “el objetivo es proteger y garantizar los derechos de la gente con el cumplimiento de los planes, programas y pólizas que existen”.
En el artículo 33 de la propuesta se prohíbe a las compañías de medicina prepagada que nieguen la renovación de contratos por enfermedades preexistentes, salud y edad. También modificar las condiciones de asistencia médica, para disminuir, restringir o eliminar la cobertura contratada, “por el hecho de que los usuarios tengan o cumplan 65 años o más, siempre que los contratos posean una continuidad mínima previa de cinco años”.
Hasta el 2015 hubo 987 297 afiliados a las firmas de medicina prepagada, según la Comisión de la Salud, que recibió datos del Ministerio del ramo. Según la Asociación de Empresas de Medicina Integral Prepagada (Aemip) hay 100 000 adultos mayores con el servicio. Once de las 24 firmas existentes integran la Aemip y cubren el 95% del mercado.
En cubrir a este grupo se invierte cerca del 30% a 40% de costos, señaló su presidente, Eduardo Izurieta.
Las compañías ecuatorianas afirman que la cobertura para esta población no se niega. Pero las cifras de afiliados de esa edad es baja. Hasta el 28 de julio del 2016, Ecuasanitas contó con 6 871 clientes en ese rango de edad, de 95 000 usuarios. De ellos, 4 531 son de Quito. Le sigue Guayaquil con 2 027 y el resto es de otras ciudades.
La compañía EHG (Ecuadorian Health Group, por sus siglas en inglés) se especializa en dar cobertura a gente de la tercera edad. Su directora comercial y de marketing, Bárbara Cornejo, asegura que tienen alrededor de 5 000 clientes de este grupo etario. “Hay planes para personas mayores de 65 años, sin límite de edad y con coberturas de hasta USD 40 000 por año. Las preexistencias son cubiertas con porcentajes y topes”.
Santiago Valdivieso, de la empresa Bellgenica, dice que su firma también se especializa en adultos mayores. Allí cuentan con el Plan Plenitud, cuyas coberturas comienzan desde USD 15 000 hasta 50 000 y sin límite de edad. “No subimos la cuota, indiferente de la edad; contamos con afiliados mayores de 100 años”.
Izurieta, presidente de la Aemip, comenta que la mayoría de empresas mantiene la afiliación a personas de la tercera edad, en las mismas condiciones contratadas hasta el día de su fallecimiento.
En Quito hay lugares dedicados al cuidado de adultos mayores que usan los servicios de medicina prepagada. En el centro Más Vida hay 45 personas de entre 67 y 101 años. Allí se trabaja con una compañía que brinda cobertura en situaciones de emergencia.
Erika López, jefa de Auxiliares Geriátricos de ese lugar, relata que el servicio de medicina prepagada les ha ayudado a resolver complicaciones, como la de un paciente de 92 años
que se tragó la dentadura postiza mientras desayunada.
Otro hecho ocurrió con una señora de 95 años, que se rompió la cadera en una caída. “Vinieron acá, la atendieron, la llevaron en ambulancia para que fuese examinada”, recordó López. Como ellos -explicó la profesional- hay otros internos con alzhéimer, demencia senil, presión alta y diabetes, que tienen su cobertura.
A Mercedes M., en cambio, le ha costado obtener esos servicios. La compañía que había contratado quebró y tuvo que buscar otra. Su hija había pagado con anticipación las mensualidades con la tarjeta de crédito y le devolvieron el dinero. Pasaron seis meses y encontró otra firma. Casi la misma suerte tuvo Laura S., de 82 años. Ella recuerda que contrató el servicio y le operaron de la tiroides. Pero luego, cuando le recetaron un medicamento costoso, en la empresa le cancelaron la prestación.
Patricio Benalcázar es director de Protección de Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Apunta que en esa entidad se han receptado quejas de gente que tuvo problemas con empresas de medicina prepagada. En los casos de quienes tienen más de 65 años, lo más usual es que les cobraran más dinero por sobrepasar esa edad o que les terminaron los contratos.
La entidad registró 500 quejas de usuarios. Del total, unas 80 pertenecen a grupos de atención prioritaria (niños, gente con discapacidad, adultos mayores). “Cerca del 3% corresponde a mayores de 65 años”.
Ante eso, Izurieta repite que las compañías tienen un promedio de dos millones de prestaciones anuales y que el número de quejas es mínimo ante la cantidad de usuarios.
En contexto
El 4 de abril del 2014 se puso en conocimiento del presidente de la Comisión de la Salud de la Legislatura, William Garzón, la resolución con la que el CAL calificó el Proyecto de Ley de Medicina Prepagada, presentado por la asambleísta Pamela Falconí.
