La UVC de Portete, en Guayaquil, tiene un edificio administrativo y otro para vivienda. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
La construcción de 47 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) se contrató entre 2012 y 2013, y hasta hoy arrastra problemas técnicos, legales y económicos. Sus costos unitarios varían entre provincias.
Se trata de obras contratadas de forma directa por emergencia, por el ex-Instituto de Contratación de Obras (ICO) y el actual Servicio de Contratación de Obras (Secob).
Su monto inicial fue de USD 12,7 millones y durante este gobierno se bajó a 10,2 millones.
Estas UPC se construyeron bajo dos modelos, que incidieron en el precio. Las UPC simples -de 255 m² de construcción- y las compuestas -de 349 m²-, según la Subdirección Técnica de Estudios del Secob.
Por ejemplo: en Guayas el precio promedio unitario de ambos modelos fue de USD 111 334, mientras en Pichincha es de 240 507.
Otros dos factores que impactaron en la variación de precios fueron que no se consideraron estudios de preinversión, que incluye la prefactibilidad, factibilidad y diseño, y los estudios sobre la calidad del suelo.
Jorge Wated, director del Secob, también explicó que los ajustes de costos obedecen a la falta de legalización de tierras; permisos de construcción, etc.
A escala nacional hay 1 579 UPC operativas, 457 móviles y 13 Unidades de Vigilancia Comunitaria, según la Policía.
En el caso de las UPC de Los Ríos, su costo total pasó de USD 2,3 millones a 1,5 millones, pues el contrato está en proceso de terminación por mutuo acuerdo, porque solo se construyeron 8 de 10 UPC. En las dos restantes faltaron terrenos para su edificación.
La UPC de Novillo, en el cantón Eloy Alfaro, Manabí. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
En Esmeraldas se firmó un acta de recepción definitiva de siete unidades, pero la contratista Razconsa mantiene un saldo por amortización del anticipo no devengado, por USD 142 545. Por esta razón, se mantiene vigente la póliza de buen uso del anticipo por ese valor. Pero Alberto Racines, gerente de Razconsa, señala que saldó las cuentas y tiene las actas de entrega recepción firmadas por el Ministerio del Interior.
Las UPC se construyeron con un monto inicial de USD 1,76 millones y terminaron en 1,97 millones. Racines dice que esta alza se debió a cambios de diseño. La UPC de Valle Hermoso presenta problemas en el sistema de aire acondicionado y en la de Tambillo, las paredes del cerramiento se cayeron tras el terremoto del 2016.
En otras ocho de 14 unidades de Manabí se identificaron cuarteaduras, fallas en plantas de tratamiento, bombas sin funcionar, obras de accesibilidad sin construir, falta de sensores para alertar incendios… Estos inconvenientes llevaron al Secob a iniciar la terminación unilateral y anticipada del contrato con la constructora, en septiembre del 2014.
En la UPC de Novillo, en el cantón Flavio Alfaro, no funciona la planta de purificación de agua. Los equipos están desconectados y nueve agentes no saben si alguna vez funcionaron. Antonio Mera, de la Tenencia Política, cuenta que incluso ayudan a gestionar cada tres meses la evacuación de las aguas servidas, a través de un carro hidrosuccionador.
Según la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras del Secob, las infraestructuras están terminadas y operan bajo la tutela del Ministerio del Interior.
En la lista de obras con problemas resueltos hay otras 96 UPC de Guayas, cuyo aumento de precio es de USD 4 millones. De ese grupo, siete se deben terminar de construir para entregar al Ministerio del Interior. En este caso, los aumentos de rubros se debieron a modificaciones en los diseños.
Sobre las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) dos registran aumentos de precio. La unidad de la avenida Portete, en Guayaquil registra un contrato inicial y dos complementarios, con lo cual la obra pasó de USD 5,5 millones a 7,3 millones y luego bajó a 6,3 millones.
Estas modificaciones, según el Secob, fueron por un rediseño estructural y un pilotaje por las condiciones del terreno. El Ministerio del Interior no permitió visitas ni entrevistas sobre el estado de esta UVC. El pasado 6 de agosto se conoció que tenía una fuga de agua.
Esta Cartera de Estado tampoco permitió entrevistas en la UVC Eugenio Espejo, del norte de Quito. Solo se hicieron fotos en áreas restringidas. Esta unidad tuvo un contrato de USD 6,4 millones y otro de 9,3 millones, que fueron ajustados para que el costo final bajara de 15,7 millones a 13,4 millones.
Sin embargo, el costo final respecto del inicial es USD 7 millones adicionales.
Otra de las UVC cuyos problemas técnicos y económicos ya fueron resueltos es la de La Florida, en Guayaquil, y atiende con normalidad.
El mes pasado, la contratista Construdipro firmó la recepción definitiva de la obra. “Ya está todo funcionando, no hay ningún problema, ya estoy yo fuera de garantías (…) solo hubo algo de alguna filtración, pero muy mínima, se lo resolvió al instante y se firmó el acta”, dijo su gerente técnico, Marcelo Paredes.