16 de mayo de 2019 00:00

Gobierno y alcaldes buscan opciones para sostener UPC

La UPC de Cochapamba, en Cuenca,  tiene una patrulla para cubrir a 20 comunidades.

La UPC de Cochapamba, en Cuenca, tiene una patrulla para cubrir a 20 comunidades. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

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Redacciones Seguridad y Cuenca (I)

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Los policías piden más patrulleros, radios, motos y tecnología. En un barrio del norte de Quito, el personal dice que incluso carecen de Internet para mantenerse en contacto con los vecinos a través de los chats comunitarios. Esto ocurre, pese a que ahora la mayoría de quejas les llegan por medio del sistema de WhatsApp.

En la Dirección Nacional de la Policía Comunitaria están al tanto de las carencias y de los costos para sostener las 1 595 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que hay en el país.

Un solo patrullero, por ejemplo, necesita al año USD 4 400 en gasolina. Si ese valor se multiplica por cada una de las UPC, el Gobierno cancela más de USD 7 millones anuales por combustible.

“A veces nos ha tocado poner de nuestro bolsillo para ‘tanquear’ el patrullero y servir a la gente”, cuenta un uniformado.

Para la ministra del Interior, María Paula Romo, la solución a este problema es que “algunos municipios” asuman el mantenimiento de las UPC. “De lo contrario es imposible, que, a este ritmo, la Policía y el Gobierno central se sigan haciendo cargo de todos los servicios de seguridad”.

La Ministra presentó esta iniciativa al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en una reunión que mantuvo hace tres semanas junto al Alto Mando policial. Desde entonces, la Dirección Jurídica de esa cartera de Estado pule un convenio que se espera sea suscrito por el nuevo Burgomaestre.

La Policía Comunitaria en el Ecuador


La idea es que a través de este acuerdo, la Alcaldía de Quito destine un porcentaje de la tasa de seguridad que cobra a través del impuesto predial.

Según la Ordenanza Municipal 157, la tasa que recauda el Municipio es para “cubrir los servicios de seguridad ciudadana, en beneficio de los propietarios y usuarios de los inmuebles en el área del Distrito Metropolitano de Quito”.

Sin embargo, ese dinero no lo recibe la Policía Comunitaria. Una parte va al Cuerpo de Bomberos, otra se invierte en programas que implementa la Secretaría de Seguridad para gestión de riesgos, prevención de la violencia intrafamiliar, convivencia pacífica, etc.

El plan del Ministerio del Interior es que Quito sea la primera ciudad en firmar el acuerdo. El segundo paso es presentarlo a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

“Lo importante es que las alcaldías y la Policía trabajen de forma coordinada y que esa tasa sirva para mantener las UPC, comprar más motos, actualizar la tecnología que ya está obsoleta y más equipamiento”, asegura un alto oficial.

El proyecto incluye regular los predios en donde se ubican las UPC. Actualmente, los terrenos están a nombre de los municipios, ministerios, gobiernos parroquiales, prefecturas, Policía Nacional y otros.

En Azuay se evidencia ese problema. De las 84 UPC que existen, solamente cuatro son de la Policía Nacional, 18 del Ministerio del Interior y el resto ,de los municipios u otras instituciones públicas.

Los policías cuentan que si hay algún daño en las UPC deben remitir el informe a la entidad dueña del predio y esperar “meses” hasta que lo arreglen.

En esa provincia también hay problemas por la falta de pago de los servicios básicos. Por ejemplo, la UPC del cantón Pucará, que es de propiedad del Municipio, tiene una deuda de ocho años con la empresa de agua. En la actualidad se gestiona la condonación.

Lo mismo ocurre en la UPC de Cochapamba, en Cuenca. Además de la deuda allí sí les suspendieron el agua. Los nueve policías permanecieron más de una semana sin el servicio, ocupando el líquido almacenado en la cisterna, hasta que el Ministerio del Interior canceló la deuda.

Para Cleófer Gutama, vicepresidente de la Junta Parroquial de Molleturo, la falta de recursos para las UPC es un problema crítico.

La Unidad de esa parroquia ocupa un cuarto prestado por la Tenencia Política, apenas equipado con una computadora, una radio y un patrullero. Los tres policías de esta unidad alquilan otra casa para vivir.

Gutama pide que se refuercen la seguridad, ya que en los últimos meses se ha incrementado los enfrentamientos y actos de violencia entre los moradores por los temas de límites de tierras y minería ilegal.

Los habitantes sostienen que el único patrullero que tienen a su servicio no siempre está disponible para los operativos porque en ocasiones se daña.

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